La ciencia conocida con la economía nace con el objetivo de distribuir los recursos escasos que existen en la naturaleza entre la población. En el momento que una persona adquiere un determinado bien económico y lo consume, automáticamente queda excluido del consumo o disfrute por otra persona. Cuando un recurso es ilimitado, como el aire, no es necesario economizarlo ya que toda la población puede disfrutar de él sin dejar de ser consumido por otra persona y, además, está disponible de forma gratuita. Por este motivo, no pueden ser comercializados por ninguna empresa.
Esto es precisamente lo que ocurre con los bienes públicos, un tipo especial de bienes que por sus especiales características no pueden ser comprados ni vendidos en el mercado y de los cuales disfrutan todos los ciudadanos sin distinción y que por lo general son suministrados por el estado. Pero, ¿cuáles son estos bienes?
¿Qué son los bienes públicos?
Imagina que estás desempleado en un momento determinado y que por ese motivo no estás pagando los impuestos correspondientes al trabajo. En un momento determinado, estás paseando por tu ciudad pero, cada vez que pasas por debajo de una farola se apaga la luz. Sería raro ¿verdad? Tú no estás pagando por ese servicio y por ello te lo están privando. Pues bien, por este motivo existen los llamados bienes públicos.
Los bienes públicos tienen dos características principales: por un lado, los bienes han de ser no rivales en su consumo, es decir, que el uso y/o disfrute de uno de estos bienes por un determinado consumidor no ha de verse afectado por el uso y disfrute por un consumidor o usuario adicional. Este podría ser el caso de una emisora de radio, que puede ser escuchada por varios oyentes al mismo tiempo y, sin embargo, el consumo de una tarta por varios comensales reduce la porción de tarta a repartir.
Por otro lado, la exclusión tiene que ver con la imposibilidad de excluir del consumo de un determinado bien a nadie porque no pague, puesto que no es posible discriminar mediante precio quién puede y quién no hacer uso de ellos. Tal es el caso del alumbrado público, que es disfrutado por todos los ciudadanos de una determinada localidad independientemente de que hayan aportado o no a su financiación.
Precisamente, esta última característica es una de las consecuencias más importantes de los bienes públicos, lo que en economía se define como el problema del polizón. Al no ser factible la exclusión de aquellos consumidores que no han pagado, los bienes públicos benefician por igual tanto a aquellos usuarios que han pagado como a aquellos que no han contribuido a su financiación, o bien han contribuido en menor medida.
Los bienes públicos y la gestión privada
Nosotros, como ciudadanos y, por ende, contribuyentes que somos, estamos continuamente disfrutando de los bienes públicos que gestiona el estado y que son financiados por nuestros impuestos. El ejemplo más común es el de la defensa nacional, un servicio de protección ciudadana que a todos nos garantiza la seguridad y del que es muy difícil excluir a una persona en concreto. Por lo general, este tipo de servicios está gestionado y administrado desde la Administración Pública, bien sea desde el Estado Central o bien desde subdivisiones de éste.
En realidad, cualquier bien público puede ser gestionado de manera privada y discriminado mediante precio. Pensemos en una autopista. Bien es cierto que el uso de la misma por un determinado vehículo no impide el uso por otros vehículos pero, al introducir un precio (en forma de peaje) estamos disuadiendo el consumo de esta vía por los usuarios de la misma. Sin embargo, a nadie se le impide tomar una ruta alternativa para llegar a su destino. Son los llamados bienes públicos no puros. Esta división puede hacerse de la siguiente manera:
- Bienes públicos puros: son los bienes públicos por definición, es decir, aquellos en los que tanto la característica de exclusión como la de no rivalidad son características puras del mismo. Por ejemplo, la seguridad nacional o bien el alumbrado público.
- Bienes públicos no puros: son aquellos en los que se puede excluir del consumo del mismo a algunas personas, normalmente mediante la aplicación de un precio, habiendo alternativas privadas que satisfacen la misma necesidad mediante precios. Tales son los casos de la educación o la sanidad.
Evidentemente, todas estas definiciones son difíciles de aplicar a la vida real, en especial la de los bienes públicos puros. Todos los bienes o servicios, incluyendo la seguridad o la justicia, son susceptible de ser ofrecidos por empresas privadas y, por tanto, discriminando mediante precio; de hecho, en muchas ocasiones, es más eficiente que sean las empresas privadas las que lo gestionen.
En cualquier caso, los bienes públicos suelen estar ofrecidos donde la iniciativa privada no llega. La demanda de estos bienes públicos de una persona coincide con el total; en el caso del alumbrado público, estará encendido independientemente de que por esa zona pasen 1.000 o 2 personas. Y es que los bienes públicos son consumidos por todos los ciudadanos, independientemente de la renta. Estos son, precisamente, los bienes públicos.
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