La Molina es un distrito de contrastes. Cuando se ingresa por las avenidas Raúl Ferrero o Javier Prado se encuentran parques, cuadras ordenadas y calles limpias. Pero basta adentrarse hasta La Planicie o El Sol para percatarse de que las obras públicas cada vez son menos evidentes hacia la zona este.
Esta dualidad persiste ya que, a lo largo de sus 52 años de existencia, La Molina ha crecido de manera desordenada. Muchas urbanizaciones ya consolidadas empezaron como asentamientos humanos y llevan décadas sin tramitar su habilitación urbana. Esto afecta a los vecinos ya que aleja la inversión pública de sus calles por ser consideradas hasta ahora rústicas o semirrústicas.
Basta revisar el SNIP para darse cuenta de que los proyectos más caros están destinados para zonas urbanas como Monterrico (S/.2,7 millones en una alameda), Rinconada del Lago (S/.2,3 millones en un sistema de riego) y Santa Patricia (S/.937 mil en ciclovías).
Así está distribuido el terreno en La Molina hasta ahora.
VECINO AFECTADO
“Si vives en un terreno que no cuenta con habilitación urbana significa que, legalmente, tu casa no existe. La Ley 29090 vuelve la habilitación urbana un requisito para recibir una licencia”, explica Luis Anicama, del Colegio de Arquitectos de Lima.
La Molina tiene un gran problema ya que posee muchas áreas semirrústicas y rústicas que son residenciales. Sin habilitación urbana, los vecinos no pueden contar legalmente con sus propias viviendas. Así no pueden presentarlas como bienes en un banco o rentabilizarlas en caso de que quieran volver a construir en sus terrenos.
“Hay que ordenar el tema de la habilitación y lotización para garantizarle a las personas que lo habitan la seguridad jurídica y legal de la tenencia de sus propiedades”, añadió el arquitecto Anicama.
MUNICIPIO AFECTADO
El problema afecta también a las autoridades locales. Los terrenos semirrústicos o rústicos no pueden ser considerados por la municipalidad para obras de infraestructura. Pueden tener luz, agua y pistas, pero no hay espacio para veredas, paraderos o sitios de recojo de basura. Esta irregularidad repercute en la calidad de vida del vecino molinense que no termina de integrarse al resto del distrito.
“Tampoco se puede rentabilizar la zona, no se pueden hacer edificaciones más altas y esto significa menos ingresos por arbitrios e impuestos prediales para la comuna”, detalló el presidente de Capeco, Ricardo Arbulú. El promedio a la fecha es de 1,5 pisos por edificación.
Con todo esto, vivir en La Molina es caro. Las grandes viviendas en zonas semirrústicas se venden a un alto precio aunque no cuentan con licencias y los impuestos son más altos, pero los recursos llegan en su mayoría a zonas urbanas.
Los molinenses requieren autoridades que regularicen esta situación aunque sea a largo plazo.
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