"Sin la definición de criterios técnicos no se deben continuar impulsando reformas políticas que resultarán perjudiciales".
Usted debe conocer la historia. El alcalde de un distrito cualquiera, beneficiado generosamente por el canon minero, emplea dichos recursos en plantar más cemento en su localidad, frecuentemente ignorando el sustento técnico. Contamos con una antología de obras infames: el parque del árbitro (Tumbes), el monumento a la maca (Junín) y el obelisco a la biodiversidad (Puerto Maldonado), entre otros.
Para evitar el vilipendio del gasto social, el MEF estableció pautas y criterios técnicos mediante el sistema certificador de la calidad de los proyectos de inversión pública (SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública). Claramente, el ‘boom’ del gasto pudo haber sido más ineficiente sin justificación, método ni procedimientos rigurosos.
Permítame proponerle esta analogía: la reformología peruana necesita su SNIP. Dada la presión por llevar adelante una reforma política que enmiende nuestros problemas institucionales, ciertos “especialistas” y consultores lanzan a diestra y siniestra “propuestas” de cambio carentes de sustento técnico.
Por ejemplo, entre agosto del 2015 y mayo del 2016, el secretario técnico de una ONG declaró ante la prensa 11 propuestas distintas de reforma, diferentes a las que prepararon otros miembros de su organización. En promedio, el “especialista” propuso un proyecto de reforma cada 26 días, lo cual genera recelo sobre la rigurosidad técnica de sus diseños.
Lamentablemente, reformólogos así rehúyen la constatación empírica de sus “genialidades”. Este tipo de incontinencia puede ser tan insensata como la que practican los alcaldes sin SNIP. Usted los reconocerá en frases como “el Perú está sobrediagnosticado” o “necesitamos leyes y más leyes”. “¡Reforma ya!”, arengan entre los lobbies de la cooperación internacional y la prensa incauta.
Creo firmemente que sin la definición de criterios técnicos no se deben continuar impulsando reformas políticas que resultarán perjudiciales o, en el mejor de los casos, inocuas para el objetivo que se procura: fortalecer nuestra institucionalidad.
Normativas de tal talante ya han tenido un efecto contraproducente en nuestra institucionalidad política. La prohibición de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, así como la sanción a la compra de votos, recuerdan la ridiculez del monumento a la muela (sic) en Arequipa.
La reforma política que el país requiere no adelantará confiando ciegamente en las mismas “mentes brillantes”; tampoco con solo llamar a los mejores constitucionalistas, como confía la congresista Patricia Donayre. Quizás fueron esos mismos expertos quienes idearon la actual Ley de Partidos Políticos y ya ve usted las consecuencias.
Para modernizar las instituciones políticas y hacerlas funcionales, necesitamos embarcarnos en un proceso de “shock institucional” técnico y político, plural y despojado de obsesiones (“bicameralidad o muerte”). El Ejecutivo pepekausa y el Legislativo fujimorista tienen la responsabilidad de convocar a políticos experimentados e ingenieros constitucionales dispuestos a la supervisión de sus propuestas (a través de un SNIP de reformas).
Precisamente una gestión pública tecnocrática como la actual puede ofrecer su experiencia a la tecnificación de la política. Perderle el miedo a la política redundaría así en una mayor formalización de sus instituciones.
