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Obra por Impuestos: ¿un beneficio para la población o publicidad para los empresarios?

¿Alguna vez escuchaste hablar de 'Obras por Impuestos'?

Parece un eslogan de campaña política, sí, pero es más bien una modalidad de inversión pública que utiliza la participación del sector privado. ¿Cómo así?

Bajo este mecanismo las empresas privadas pagan sus impuestos al Estado a través del financiamiento de proyectos de infraestructura que permitan el desarrollo de una población. Es decir, en vez pagar impuestos haces obras públicas por un monto similar: un puente, una posta médica, una carretera, una plaza, etc.

En teoría, esta modalidad permite ahorrar tiempo en la ejecución y entrega de una obra; o sea, le quitas un peso al Estado y además ganas tiempo al no tener que cruzar la kafkiana burocracia estatal para hacer un parque. Suena bonito, sí.

Bueno, en teoría.

Ojo a esto. un reciente estudio de la ONG Participación Ciudadana ha detectado algunas fallas en este sistema que, al parecer, estarían favoreciendo intereses empresariales nada menos que con dinero del Estado. 

No todo lo que brilla es oro.

Entre las fallas que encontró el estudio escogimos cuatro:

1. Las empresas privadas que participan en el mecanismo de Obra por Impuestos (Oxl) incorporan este programa en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). ¿Qué tiene eso de malo? Pues que el dinero con el que se desarrolla los proyectos de obras por impuestos es dinero del Estado, no precisamente del privado. Recordemos que es el equivalente de los impuestos, o sea, fondos que pertenecen al Estado. Al final, lo que genera esta práctica es que el Estado termina financiando con el dinero de todos nosotros la buena imagen institucional de una empresa privada.

2. Otro problema es que las empresas que participan de este mecanismo contratan a sus compañías subsidiarias de manera directa para que ejecuten las obras públicas. Es decir, la empresa ejecutora de una carretera pertenece a la misma empresa que la financia. Esto revela un claro conflicto de intereses. Dicho de otro modo: yo, empresa privada, tengo este dinero para pagar impuestos al gobierno, pero mejor uso el sistema OxI y hago una pista. Ok. Contrato entonces a una empresa subsidiaria mía para que haga la pista, y le pago. Pero es una empresa mía. Es como pagarme a mí, sí. 

3. Otro aspecto preocupante es que las empresas privadas proponen proyectos que no están contemplados en la cartera de los gobiernos nacional o subnacionales. Esto les permite desarrollar en primer lugar los proyectos que las benefician y luego aquellos que buscan un mayor beneficio social. Por ejemplo, una minera preferirá hacer como obra pública una carretera de acceso a la mina en lugar de un colegio en una zona no tan cercana. Es una obra pública, sí, pero no precisamente la que necesita la región en la que esta empresa opera. 

4. Tal vez uno de los problemas más graves que detectó este estudio es que, bajo esta modalidad, las personas creen que es la empresa privada la que debe resolver sus problemas básicos. Como consecuencia la ciudadanía considera, por ejemplo, que la construcción de un puente depende de las condiciones que plantee la empresa privada. Esta percepción debilita al Estado frente al sector privado y le quita legitimidad en algunas zonas del país.

Visto los problemas de este mecanismo, cabe preguntarnos, ¿cuál ha sido la posición de la empresa privada, del Estado e incluso de la sociedad civil sobre este tema? Veamos.

El Estado y la empresa privada: un mecanismo que ayuda.

A fines de la semana pasada, representantes de grandes empresas públicas, de algunas entidades estatales y de Participación Ciudadana se reunieron para discutir el tema. Hubo todo tipo de posturas.

La evaluación del tema para el superintendente de relaciones públicas de la empresa Southern Perú, Guillermo Vidalón, fue bastante distinta al estudio. Bueno, era de esperarse.

Para él, este mecanismo será imitado en el extranjero por lo conveniente que resulta. Además, dijo que no canaliza las necesidades de las empresas privadas. “Nosotros no tenemos ningún interés en Arequipa, y sin embargo estamos cofinanciando la construcción del puente Chilina porque el Estado no lo pudo hacer”, sostuvo durante una reunión realizada este jueves por la ONG Participación Ciudadana.

Por su parte, la representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Raquel Yamujar, aseguró que todas las obras que pasan por el mecanismo de Obras por Impuestos lo hacen por los mismos controles que aquellas que son desarrolladas por los gobiernos regionales o locales.

Yamujar explicó que una de las ventajas del mecanismo es que permite a los gobiernos invertir en obras muchos más grandes y costosas dado que, al tratarse de un programa de desarrollo de obras a cuenta de impuestos futuros, se puede disponer de esos recursos en un mismo año.

Denise Miralles, representante de Proinversión, dijo que si no fuera por la existencia de este mecanismo, muchas de las obras que actualmente benefician a muchas personas no se habrían realizado. Una visión bastante optimista. 

“Aunque les parezca que son obras pequeñas, son importantes para las personas que las necesitan. Por ejemplo, una vereda que previene que el polvo se meta directamente a las viviendas previene que se produzcan o recrudezcan afecciones respiratorias de las personas que viven allí”, dijo Miralles.

La sociedad civil: un Estado ineficiente.

La visión desde la sociedad civil y la academia, así como la de los gobiernos descentralizados, han sido bastante crítica al respecto.

Por ejemplo, para Javier Torres, de la Asociación SER, estas pequeñas fallas halladas en el mecanismo de Obras por Impuestos halladas por Participación Ciudadana son consecuencia de un Estado ineficiente para vigilar y para gastar correctamente los recursos públicos.

En ese sentido, Torres cuestionó la idea de que más gasto implica un mayor desarrollo, y puso como ejemplo a la provincia de Espinar en Cusco, donde la inversión privada es enorme pero en su opinión, no hay ni planificación ni desarrollo.

Lo mismo opinó Eduardo Ballón de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); para él, lo más complicado es que no se encuentra bien establecida la supervisión del gasto público por parte del Estado. Esto ocasiona que tanto los gobiernos regionales y locales no confíen en la capacidad de los órganos de control del Estado en torno a una obra.

Finalmente, para el director de la revista Poder, David Rivera, este mecanismo es producto de una reducción del Estado que ha perjudicado seriamente a la empresa privada: "Durante años, las empresas presionaron para que el Estado se reduzca y ahora eso les ha reventado en la cara, pues aquel es tan chico que ya no puede hacer lo que le corresponde y ahora ellas deben asumir un papel que no les pertenece". Más claro, imposible.

Sin duda, el estudio de Participación Ciudadana ha planteado un debate que tiene para rato. Tal vez lo más importante sea que ha evidenciado la falta de un riguroso control por parte del Estado ahí dónde debería estar toda la atención del Gobierno: en las obras de infraestructura para los más pobres. Una cosa es construir una carretera, pero otra cosa es preguntarse a quiénes está beneficiando, quiénes usan esa carretera.