A un año de creación del Midis, falta mejorar articulación de programas sociales y que gobiernos regionales mejoren su capacidad de gasto
IANA MÁLAGA
La creación del Ministerio de Inclusión Social (Midis) en el 2011, generó muchas expectativas en la población dada la apuesta del presidente Ollanta Humala por concentrar en un organismo rector la política social del Estado, con el fin de reducir las desigualdades en el Perú.
Con sólo un año de vida puede ser apresurado hacer un balance de las políticas aplicadas por el Midis, aunque sí vale reconocer que desde los primeros meses en el cargo, Carolina Trivelli, titular de este sector, se puso fuerte y logró absorber Foncodes, Wawa Wasi (hoy Cuna Más) y Pronaa, antes regidos por el Ministerio de la Mujer, así como los programas Juntos y Pensión 65 (antes Gratitud), adscritos a la PCM. Para Carlos Eduardo Aramburú, profesor de la Universidad Católica, esa medida permitió una mayor articulación de los programas sociales, que hasta la fecha se han caracterizado por “tirar cada uno por su lado”. Conforme apunta, por más que en el gobierno de Alan García se creó la estrategia nacional Crecer, los programas sociales todavía siguen teniendo graves problemas de filtración y subcobertura, y poca capacidad para lograr los objetivos planteados.
Este año el Midis también logró incorporar a 57.000 niños bajo el paraguas del programa Cuna Más, mientras que 247.000 adultos mayores fueron beneficiados por Pensión 65. “Pero se trató de una cobertura muy pequeña en comparación con la población que merece ser atendida por estas iniciativas”, refiere Aramburú.
¿QUÉ SE PRIORIZÓ?
En el 2012 el dinero destinado a programas presupuestarios estratégicos de salud materno neonatal, articulado nutricional y logros de aprendizaje – claves para reducir la pobreza, también aumentaron considerablemente en relación con el 2011. No obstante, en términos absolutos, el monto asignado al gasto social representó el 45,2% del presupuesto público, tasa que casi no varió en comparación con el año previo.
Según estimaciones de Unicef, esto significa que el Estado no le está dando la prioridad que merece el dotar de derechos universales a todos los peruanos a pesar de que hoy hay más dinero en el fisco.
También resulta preocupante que, según datos actualizados del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), a lo largo del 2012 apenas se ejecutó el 39,6% del total del presupuesto social para salud y solo el 47,3% del que requería educación. Según Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, eso se debe a la poca capacidad del Gobierno Central para resolver cuellos de botella administrativos.
“Otro problema es que los gobiernos locales tampoco saben administrar adecuadamente los presupuestos destinados a problemas sociales”, afirma Aramburú.
Si el Midis quiere reducir la desnutrición crónica a 10% para el año 2016, habrá que ver cómo este sector manejará mejor el dinero en los próximos años.
