Los gobiernos regionales tienen que asumir su responsabilidad por esta cruel paradoja: mientras por un lado el Perú tiene un grave déficit en infraestructura y serios problemas en educación y salud, por el otro lado se da el lujo de no gastar los recursos disponibles para remediar esa situación. Según el Ránking de Ejecución de Inversiones en el Sector Público, unos 10.000 millones de soles se quedaron sin gastar en el 2010, que bien pudieron servir para construir carreteras, puentes u obras de irrigación y para mejorar la infraestructura educativa y las condiciones de saneamiento y salubridad. De todas las instituciones del Estado, el Gobierno Regional de Áncash ostenta el triste récord de tener la menor tasa de ejecución: gastó S/.300 millones de S/.1.420 millones de su presupuesto del 2010. Le siguen las regiones de Cajamarca, Huánuco, Pasco y Tacna, que invirtieron menos de la mitad sus recursos. ¿Qué está pasando? Pues a la falta de voluntad política hay que sumar la escandalosa falta de capacidad técnica y de gestión de algunas autoridades regionales y municipales para plantear y ejecutar proyectos de factibilidad.
Es un problema que lleva varios lustros, pero que en lugar de resolverse se ha agudizado con la mayor transferencia de funciones y recursos a las regiones. En tanto, no se entiende la exigencia de más recursos al Gobierno Central por parte de gobiernos regionales y municipales, si no pueden manejar lo que ya tienen. Hay que poner fin a esta cadena de ineficiencia, que causa problemas sociales no solo a los ciudadanos del interior, cuya calidad de vida sigue siendo afectada, sino también a la empresa privada que quiere participar en proyectos de inversión regionales y dinamizar la cadena modernizadora, productiva y de empleo. En este contexto debemos insistir en agilizar la aprobación de proyectos a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), una mayor participación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para formar nuevos gerentes regionales, pero sobre todo en una expresa voluntad del Poder Ejecutivo y del MEF para coordinar de un modo más estrecho con las regiones y brindarles toda la capacitación y asesoría técnica necesarias. Y el Congreso no puede perder de vista los proyectos de fusión de regiones, con un enfoque político, técnico y social para romper de una vez por todas este círculo vicioso de ineficiencia y desidia. Los ciudadanos, por su parte, deben estar alertas para fiscalizar la gestión regional y local, y tomar nota de quienes usan mejor los recursos antes de decidir por quién votar la próxima vez.
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