El gobierno cofinanciará 22 proyectos de infraestructura

Por un total de S/. 20.800 millones. Del total de obras, 15 serán para los sectores de Salud y Educación, con lo cual se construirán 54 colegios, 42 de ellos en Lima.

Mía Ríos Zamora

Entre el primer y tercer trimestre del año se realizarán importantes proyectos de infraestructura de Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC).

Y es que el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Vasi, anunció ayer que el gobierno, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), aceptó 22 IPC que permitirán captar inversiones por  S/. 20.800 millones, lo cual permitirá darle soporte y competitividad a la economía peruana en el mediano plazo.

"Son 22 proyectos en sectores estratégicos por más de 20 mil millones de soles que se formularían en los próximos meses y deberían poder adjudicarse durante el actual gobierno (...) ProInversión estará licitando los proyectos hasta julio del 2016”, precisó. 

Agregó que dichas iniciativas privadas aceptados por ProInversión están en el marco de los Planes Estratégicos Multisectoriales.

En ese sentido, explicó que estos proyectos responden a estudios de cada sector, a análisis de cuáles son sus prioridades y luego pasan por un filtro de relevancia y prioridad.

La primera etapa es una priorización sectorial en la cual cada sector debe evaluar los proyectos que recibe y elaborar un ránking; en la segunda etapa se toma en cuenta la priorización multisectorial en la que se compara la importancia de un proyecto contra los priorizados por otros sectores para una adecuada gestión de los recursos públicos.

El tercer filtro de evaluación es de capacidad presupuestaria y consistencia con sostenibilidad fiscal, que es cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece los proyectos que se pueden financiar de acuerdo con la lista presentada.

LOS MÁS IMPORTANTES

Quince de los 22 proyectos anunciados pertenecen a los sectores Salud y Educación. 

El sector Educación priorizó proyectos por S/. 1.800 millones en la construcción y posterior mantenimiento de un total de 54 colegios: 42 en Lima, en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Lima Cercado y Villa María del Triunfo, además de 12 Colegios de Alto Rendimiento en los departamentos del Norte, Sur y Centro del Perú, incluidos departamentos de alta incidencia de pobreza como Amazonas, Pasco, Huancavelica y Puno. 

En tanto, en el sector Salud hay ocho proyectos por S/. 2.900 millones para la construcción, mantenimiento y operación de los servicios generales de los hospitales Cayetano Heredia, Huaycán, Hipólito Unanue y Sergio Bernales, así como para la gestión de residuos sólidos en establecimientos de salud en Lima Metropolitana, la construcción del Centro de Radioterapia, la prestación integral de servicios de patología clínica en Lima y la construcción de la Escuela Nacional de Salud Pública.

En otro momento, el titular de Economía dijo que durante el gobierno del expresidenteAlan García se exoneraron más de 1.000 proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). "El gobierno anterior exoneró del SNIP 1.300 proyectos de inversión, que no tenemos idea si tenían rentabilidad social para todos los peruanos y este gobierno ha exonerado cero", sostuvo.

Finalmente, adelantó que el próximo lunes ProInversión debería anunciar las expresiones de interés del sector público hacia el sector privado, lo que servirá para preseleccionar aquellas iniciativas privadas que son de interés del gobierno.

PROYECTOS PARA MEJORAR EL TRÁNSITO EN LIMA CON EL ANILLO PERIFÉRICO

Dentro de los 22 proyectos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones  priorizó iniciativas por S/. 13.800 millones, entre los que destacan el Anillo Vial Periférico, la Carretera Tarma-La Merced y el Corredor Económico Central.

Según explicó el ministro de Economía, la iniciativa del Anillo Vial Periférico tiene 30 años de formulado y ayudará a desfogar el tráfico pesado en la capital. “Básicamente es un proyecto que tiene casi 30 kilómetros, parte desde Circunvalación en cruce con la Vía de Evitamiento, cruza por 11 distritos y llega hasta el Callao y contará con dos túneles”, aseveró.

El citado proyecto demandará una inversión de US$ 2,000 millones.

¿Cómo nació Obras Por Impuestos - OXI?

La Ley de Obras por Impuestos se gesta en los años 2007-2008 en un contexto en que confluyen los siguientes hechos:

1) Identificación de una gran brecha de inversiones en infraestructura.

2) Incremento de los recursos destinados al canon y sobrecanon.

3) Bajos índices de ejecución de los presupuestos de inversión del sector público.

Es en esta coyuntura que, en mayo del año 2007, el Instituto Peruano de Economía - IPE, entidad dirigida entonces por Fritz Du Bois, publica el Documento de Investigación “¿Cómo acelerar la ejecución de inversión en infraestructura en el Perú?”, en el que se plantean diversas acciones para dinamizar las inversiones en las regiones y entre ellas se propone un proyecto de ley que propone un mecanismo para que las empresas privadas puedan optar por pagar en forma anticipada el Impuesto a la Renta mediante la inversión directa en los proyectos de inversión de infraestructura de uso público.

Luego, en julio de 2007, el Grupo Parlamentario Unidad Nacional (PPC y otros) recoge esta propuesta, al parecer con la anuencia de Fritz, y la convierte en un proyecto de Ley. Paralelamente, el Ejecutivo propone un proyecto de Ley similar, en setiembre de 2007, que lo llamó “Construye y Transfiere”, tomando como base también el estudio del IPE.

En este proyecto se propone la creación del “Certificado Construye y Transfiere-Tesoro Público” - CCYT, documento que serviría para cancelar lo invertido por las empresas privadas mediante el pago de su impuesto a la renta, que es el antecedente de lo que ahora conocemos como el Certificado de Inversión Pública Regional y Local - CIPRL.

EN EL CONGRESO

Luego, la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el congresista Rafael Yamashiro Oré, unifica los dos proyectos de Ley y luego de consultar a diversos organismos (Contraloría, MEF, gobiernos regionales, entre otros) es aprobada en la sesión del pleno del 08 de mayo de 2008.

Finalmente, el 20 de mayo de 2008 se expide la Ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su primer Reglamento en diciembre del mismo año.

Mayor inversión por planes viables - EN 2014 SUMARON COMPROMISOS POR S/. 64,468 MILLONES / Los gobiernos locales lideran la aprobación de los proyectos de infraestructura pública, detalla el MEF

Los proyectos de inversión pública (PIP) declarados viables durante el año pasado sumaron 64,468 millones de nuevos soles, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Destacó que los gobiernos locales lideraron estas aprobaciones al declarar viables planes por 33,712 millones de nuevos soles, lo cual representó el 52% del total.

De acuerdo con el reporte del MEF, le siguió el Gobierno Nacional con proyectos de inversión pública declarados viables por 21,246 millones de nuevos soles, aumentando su participación a 33%.

Luego, se ubicaron los gobiernos regionales con la aprobación de planes por 9,510 millones de nuevos soles y una participación de 15%.

Trabajo conjunto

El MEF detalló que, de manera conjunta, los tres niveles de gobierno declararon viables 21,088 PIP, el año pasado.

En el desagregado, los gobiernos locales declararon viables 18,245 PIP, mientras los regionales y el nacional 1,276 y 1,567, respectivamente, según la Dirección General de Política de Inversiones.

En este sentido, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) brindará asesoría a las autoridades regionales en la elaboración de proyectos de inversión, con el fin de garantizar que sean bien planificados con base en un plan estratégico de futuro.

Así el presidente del Ceplan, Carlos Anderson, dijo que disponen del personal especializado para atender los requerimientos de las autoridades regionales. “La idea es enviarles equipos que les ayuden a formular de manera inteligente sus planes de desarrollo concertados. Esto sería un aporte del Estado.”

Expresó que hasta finales del año pasado brindaban ese servicio a 16 ministerios, así que “realizar un trabajo similar con las regiones figura en nuestra agenda de 2015”.

Asimismo, comentó que desde este año las regiones deberán continuar la misma metodología de planes de desarrollo, lo cual requerirá de un seguimiento constante de las autoridades para evaluar la efectividad en su ejecución.

Finalmente, insistió en la necesidad de que las nuevas autoridades regionales y locales apuesten por un tema de visión en el diseño de proyectos, a fin de que la ejecución de los mismos sea viable.

datos

El MEF anunció a finales del año pasado un plan para capacitar a las nuevas autoridades locales y regionales, con el objetivo de mejorar la gestión pública y reducir la brecha de infraestructura.

Se establecerán estrategias que permitan a los gobiernos locales y regionales identificar cuáles de sus proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) tienen mayor impacto en los indicadores de pobreza.

En muchos casos se permitirán levantar observaciones en el SNIP para que las obras se ejecuten.

Publicado: 05/01/2015

descanse en Paz Dr. Brack

Obra por Impuestos: ¿un beneficio para la población o publicidad para los empresarios?

¿Alguna vez escuchaste hablar de 'Obras por Impuestos'?

Parece un eslogan de campaña política, sí, pero es más bien una modalidad de inversión pública que utiliza la participación del sector privado. ¿Cómo así?

Bajo este mecanismo las empresas privadas pagan sus impuestos al Estado a través del financiamiento de proyectos de infraestructura que permitan el desarrollo de una población. Es decir, en vez pagar impuestos haces obras públicas por un monto similar: un puente, una posta médica, una carretera, una plaza, etc.

En teoría, esta modalidad permite ahorrar tiempo en la ejecución y entrega de una obra; o sea, le quitas un peso al Estado y además ganas tiempo al no tener que cruzar la kafkiana burocracia estatal para hacer un parque. Suena bonito, sí.

Bueno, en teoría.

Ojo a esto. un reciente estudio de la ONG Participación Ciudadana ha detectado algunas fallas en este sistema que, al parecer, estarían favoreciendo intereses empresariales nada menos que con dinero del Estado. 

No todo lo que brilla es oro.

Entre las fallas que encontró el estudio escogimos cuatro:

1. Las empresas privadas que participan en el mecanismo de Obra por Impuestos (Oxl) incorporan este programa en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). ¿Qué tiene eso de malo? Pues que el dinero con el que se desarrolla los proyectos de obras por impuestos es dinero del Estado, no precisamente del privado. Recordemos que es el equivalente de los impuestos, o sea, fondos que pertenecen al Estado. Al final, lo que genera esta práctica es que el Estado termina financiando con el dinero de todos nosotros la buena imagen institucional de una empresa privada.

2. Otro problema es que las empresas que participan de este mecanismo contratan a sus compañías subsidiarias de manera directa para que ejecuten las obras públicas. Es decir, la empresa ejecutora de una carretera pertenece a la misma empresa que la financia. Esto revela un claro conflicto de intereses. Dicho de otro modo: yo, empresa privada, tengo este dinero para pagar impuestos al gobierno, pero mejor uso el sistema OxI y hago una pista. Ok. Contrato entonces a una empresa subsidiaria mía para que haga la pista, y le pago. Pero es una empresa mía. Es como pagarme a mí, sí. 

3. Otro aspecto preocupante es que las empresas privadas proponen proyectos que no están contemplados en la cartera de los gobiernos nacional o subnacionales. Esto les permite desarrollar en primer lugar los proyectos que las benefician y luego aquellos que buscan un mayor beneficio social. Por ejemplo, una minera preferirá hacer como obra pública una carretera de acceso a la mina en lugar de un colegio en una zona no tan cercana. Es una obra pública, sí, pero no precisamente la que necesita la región en la que esta empresa opera. 

4. Tal vez uno de los problemas más graves que detectó este estudio es que, bajo esta modalidad, las personas creen que es la empresa privada la que debe resolver sus problemas básicos. Como consecuencia la ciudadanía considera, por ejemplo, que la construcción de un puente depende de las condiciones que plantee la empresa privada. Esta percepción debilita al Estado frente al sector privado y le quita legitimidad en algunas zonas del país.

Visto los problemas de este mecanismo, cabe preguntarnos, ¿cuál ha sido la posición de la empresa privada, del Estado e incluso de la sociedad civil sobre este tema? Veamos.

El Estado y la empresa privada: un mecanismo que ayuda.

A fines de la semana pasada, representantes de grandes empresas públicas, de algunas entidades estatales y de Participación Ciudadana se reunieron para discutir el tema. Hubo todo tipo de posturas.

La evaluación del tema para el superintendente de relaciones públicas de la empresa Southern Perú, Guillermo Vidalón, fue bastante distinta al estudio. Bueno, era de esperarse.

Para él, este mecanismo será imitado en el extranjero por lo conveniente que resulta. Además, dijo que no canaliza las necesidades de las empresas privadas. “Nosotros no tenemos ningún interés en Arequipa, y sin embargo estamos cofinanciando la construcción del puente Chilina porque el Estado no lo pudo hacer”, sostuvo durante una reunión realizada este jueves por la ONG Participación Ciudadana.

Por su parte, la representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Raquel Yamujar, aseguró que todas las obras que pasan por el mecanismo de Obras por Impuestos lo hacen por los mismos controles que aquellas que son desarrolladas por los gobiernos regionales o locales.

Yamujar explicó que una de las ventajas del mecanismo es que permite a los gobiernos invertir en obras muchos más grandes y costosas dado que, al tratarse de un programa de desarrollo de obras a cuenta de impuestos futuros, se puede disponer de esos recursos en un mismo año.

Denise Miralles, representante de Proinversión, dijo que si no fuera por la existencia de este mecanismo, muchas de las obras que actualmente benefician a muchas personas no se habrían realizado. Una visión bastante optimista. 

“Aunque les parezca que son obras pequeñas, son importantes para las personas que las necesitan. Por ejemplo, una vereda que previene que el polvo se meta directamente a las viviendas previene que se produzcan o recrudezcan afecciones respiratorias de las personas que viven allí”, dijo Miralles.

La sociedad civil: un Estado ineficiente.

La visión desde la sociedad civil y la academia, así como la de los gobiernos descentralizados, han sido bastante crítica al respecto.

Por ejemplo, para Javier Torres, de la Asociación SER, estas pequeñas fallas halladas en el mecanismo de Obras por Impuestos halladas por Participación Ciudadana son consecuencia de un Estado ineficiente para vigilar y para gastar correctamente los recursos públicos.

En ese sentido, Torres cuestionó la idea de que más gasto implica un mayor desarrollo, y puso como ejemplo a la provincia de Espinar en Cusco, donde la inversión privada es enorme pero en su opinión, no hay ni planificación ni desarrollo.

Lo mismo opinó Eduardo Ballón de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); para él, lo más complicado es que no se encuentra bien establecida la supervisión del gasto público por parte del Estado. Esto ocasiona que tanto los gobiernos regionales y locales no confíen en la capacidad de los órganos de control del Estado en torno a una obra.

Finalmente, para el director de la revista Poder, David Rivera, este mecanismo es producto de una reducción del Estado que ha perjudicado seriamente a la empresa privada: "Durante años, las empresas presionaron para que el Estado se reduzca y ahora eso les ha reventado en la cara, pues aquel es tan chico que ya no puede hacer lo que le corresponde y ahora ellas deben asumir un papel que no les pertenece". Más claro, imposible.

Sin duda, el estudio de Participación Ciudadana ha planteado un debate que tiene para rato. Tal vez lo más importante sea que ha evidenciado la falta de un riguroso control por parte del Estado ahí dónde debería estar toda la atención del Gobierno: en las obras de infraestructura para los más pobres. Una cosa es construir una carretera, pero otra cosa es preguntarse a quiénes está beneficiando, quiénes usan esa carretera.

Lima al fin de año: debe y haber, por Jorge Ruiz de Somocurcio

Extraña que el tema de valores y ciudadanía no aparezcan como prioridad, en una ciudad cada vez más hostil y agresiva.

Empieza el 2015, pero no es un año cualquiera. Con él se inicia un nuevo período de gobiernos municipales y regionales en el Perú.

En Lima, hay un nuevo alcalde provincial, 22 nuevos alcaldes distritales y otros veinte repiten el plato. Por su parte, en la región Callao se mantienen las mismas autoridades, salvo en La Punta.

Es también un año preelectoral para el Gobierno Nacional, lo cual probablemente envenenará la búsqueda de alianzas con este. La gestión municipal que se acaba desperdició la oportunidad de asociarse con el  Gobierno Central en un momento estelar del crecimiento económico del país.

En el 2014, según el prestigioso economista Carlos Urrunaga, los gobiernos regionales han dispuesto  en el país de casi S/.6 mil millones para gastos de inversión y los municipios aproximadamente S/.13 mil millones. Casi un 30% menos que en el 2013. En Lima, elpresupuesto de inversión municipal este año ha sido de S/.800 millones, de los cuales se ha gastado solo el 60%.

En el presupuesto del 2015, el monto para inversión subnacional es 9% menos, pese a que hay un 2,5% más de población que atender. ¿Cómo harán?

Este año la inversión pública avanzó muy poco en las grandes carencias de Lima. Una encuesta de Ipsos Perú para El Comercio, publicada el pasado 18 de mayo, daba cuenta de casi un 60% de insatisfacción del limeño con los servicios públicos. Según la consultora Mercer, en términos de calidad de vida Lima ocupa el puesto 124 entre 223 urbes estudiadas. 

Hay un largo camino de necesidades por atender. Las grandes actuaciones vinieron del sector privado, en vivienda y servicios, centros comerciales, complejos empresariales, por un monto que no alcanzó los S/.5 mil millones, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Pero b

ásicamente para los estratos socio económicos A, B y C.

La gastronomía puso también lo suyo y Lima empezó a aportar su cuota de turismo gastronómico con una ola de restaurantes desde huariques a establecimientos 5 tenedores creando identidad local. Además del turismo de convenciones. Pero el patrimonio, por ejemplo, quedó a la deriva.

La nueva gestión municipal empieza con la expectativa del 74% de la población que opina que Lima estará mejor, según una encuesta de El Comercio publicada el 12 de diciembre.  Valla alta que le puede pasar factura al propio Castañeda. Se priorizan los temas de seguridad, transporte, corrupción, espacios públicos y salud que en realidad constituyen un sentimiento de las urgencias de la población. Pero una ciudad no es la suma de esos cinco componentes. Menos Lima. 

Extraña que el tema de valores y ciudadanía no aparezca en la encuesta, en una ciudad cada vez más hostil y agresiva. Pero toca al municipio reivindicarlo como un factor clave para la convivencia y hacer ciudad.

Habrá que esperar el mensaje que nos dará el alcalde el 1 de enero cuando inicie el mandato con las mayores expectativas de los últimos años.

¿Es el "Cierre del Proyecto" o es el "Cierre de la Fase de Inversión"? PRIMER PARTE

Durante mucho tiempo y creo que a la fecha, las intervenciones en Inversión Pública en el Perú han dedicado sus esfuerzos a la preocupación de la Fase de Inversión o Fase II del ciclo de proyectos, entendiendo estos, principalmente a cómo serán financiados y cuando terminan de ejecutarse y cosas así, y esta es incluso la preocupación de todos los niveles de gobierno, pero, y haciendo una reflexión del tema, nos preguntamos: ¿ Es más importante la Fase de Pre Inversión o de Inversión o es acaso la Fase de Post Inversión?, sin desmerecer la importancia de cada una de las tres fases del ciclo, respecto del impacto social, me atrevo a decir que la última Fase (Post Inversión) es la más importante y explico por qué:

Si en analogía a la propia vida, traer un niño al mundo es el equivalente a la viabilidad y ejecución a la vez , es justamente su sostenibilidad (aproximadamente 25 años) la parte más importante, es la que en el tiempo deberá hacerse de él una persona feliz, sin carencias básicas y con mucho afecto y dedicación para ser un hombre de bien en la sociedad, que desarrolle sus habilidades y talentos que permita a su entorno disfrutar y beneficiarse de su presencia.

Un proyecto de Inversión Pública vendría a ser un esfuerzo por resolver la pertinencia respecto a una necesidad, que al ser diseñada de forma adecuada, cumplirá un rol en la sociedad y su impacto será dinámico, pues se moverá con la brecha que también es dinámica, por lo que instalar o implementar el diseño es la parte menos preocupante pues lo importante es el servicio que ha de ofrecerse que cubra la brecha objetivo, que en el tiempo u horizonte de evaluación estimado, los beneficios se mantengan per se.

Lo malo de la actualidad es que creemos que lo más importante es sólo la Inversión y no la sostenibilidad de ella, o por lo menos no está priorizada con rango de ley, por ejemplo, si te regalan un BMW del año (Consumo de gasolina de 97 Oct, aditamentos y aditivos de consumo de lujo), y tus ingresos personales sólo te permiten el uso de transporte público en tu escala de gastos optimizados, lo que tendrás será un bien de capital, pues podrá convertirse en dinero en efectivo, tras la venta de este y poder disponer de recursos para una eventual "investment venture", realidad que no funciona en el estado peruano. 

Si una comunidad recibe del Estado un proyecto de la naturaleza que fuere, este no haya sido garantizado su O&M, lo que tendrán será no sólo el conocido "Elefante Blanco", sino el incremento de una brecha de servicio público sin atender y desazón general en dicho ámbito, reflejada en una insatisfacción social, teniendo en cuenta el costo ejecutado de recursos del estado. 

Entonces ¿quién paga los operadores?, si los recursos de operación y mantenimiento son mínimos por cada UP, es que ¿habrá que diseñarse la proporción adecuada de uso de recursos por el lado presupuestal?, por que si algo es cierto, es que recursos para invertir existen. ¿Cuál es el límite presupuestal que deberá asignársele a una UP para su O&M de PIPs que viene gestionando, proporcionalmente hablando?, Si para la preinversión existe un código SNIP, para la Inversión se le incluye además el código SIAF, para la post Inversión ¿cómo puedo engarzar el horizonte de evaluación? y la O&M del PIP se mimetizó entre todo el presupuesto de la entidad.

Finalmente, debemos preocuparnos no sólo por el presente o el corto y mediano plazo, que coincide con los periodos de gobierno, sino en trascender de una vez.

La próxima semana continuamos con este artículo

                      

2014: post mórtem, por Roberto Abusada Salah

El daño que hemos infligido a la economía ya hizo caer nuestro potencial de crecimiento. Podríamos crecer 4,5% en el 2015.

El desempeño de la economía en el año pasado nos dejó un sabor agridulce: el final de una década de alto crecimiento y una confianza empresarial en declive, pero a la vez la esperanza de retomar un crecimiento de 6% para este año, confiados en un mejor desempeño de la inversión privada y un repunte de las exportaciones. 

Las inversiones públicas en todo el país alcanzarían niveles récord impulsadas por la proximidad del proceso electoral, con aumento en el total de la inversión pública proyectado en más de 18%. Por su lado, Pro Inversión pasaría finalmente a la adjudicación de proyectos por sumas nunca antes vistas. Todo esto terminaría reanimando la confianza empresarial y la de los consumidores.

De pronto sobrevino la tormenta perfecta: la confianza se empezó a desinflar, el decepcionante crecimiento de enero de este año obligó al Banco Central de Reserva (BCR) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a rebajar sus expectativas de crecimiento, mientras el Gobierno recayó en sus inclinaciones estatistas al decidir ir adelante con la construcción de una refinería en Talara, que a todas luces representa un dispendio innecesario. 

El enrarecido ambiente político, los frecuentes escándalos, el enfrentamiento entre Gobierno y oposición, y finalmente el descubrimiento de actos generalizados de corrupción de alcaldes y presidentes regionales se potenciaron con la publicación de los datos mensuales de crecimiento que mostraban, mes a mes, peores resultados y a la vez se asentó la creciente convicción de que el país estaba siendo conducido políticamente por un Gabinete plagado de inconsistencias y discrepancias.

Finalmente, el propio Gobierno reconocería que estaba enredado en una maraña burocrática e incapaz de actuar para revertir la caída de la confianza, o actuar desde el Estado para sustituir la menguada inversión privada por inversión pública, pese a contar con ingentes recursos para hacerlo. El resultado ha sido la destrucción del principal motor de la economía: la inversión. El BCR ya proyecta una caída en la inversión privada por primera vez desde la gran crisis mundial y una inversión pública con crecimiento, ya no de 18%, sino de cero. Las exportaciones, que en la década pasada fueron el otro motor que impulsó la economía, también caerán en cerca de 4%, producto de la impericia gubernamental para enfrentar al movimiento antiminero y los conflictos sociales que aparecen surgir en todos los departamentos mineros bajo el insólito grito de “canon sí, minería no”.

¿Qué esperar para el próximo año? El MEF se encuentra optimista: proyecta que las exportaciones primarias aumentarán y que ello impulsará el crecimiento. Igualmente, augura el inicio de la construcción de grandes proyectos, como la línea 2 del metro, el gasoducto del sur y la refinería de Talara, que impulsarán la inversión. Es decir, se encenderán nuevamente los motores que se apagaron este año, pero en realidad los proyectos de infraestructura mencionados solo representarán en sus inicios más importaciones. Toromocho seguirá desilusionando en el 2015, Antamina no recuperará su antiguo nivel de producción hasta el 2016 y grandes inversiones mineras terminarán de invertir en el 2015 (restando al crecimiento) para recién empezar a exportar en el 2016. Las autoridades regionales recién elegidas tampoco se espera que inviertan sustancialmente en el 2015. Finalmente, cuando el sector privado le alcanza al país un boya de salvación en la forma de decenas de iniciativas privadas y asociaciones público-privadas ya presentadas, y por presentarse en febrero próximo, el MEF rema contracorriente potenciando un nuevo “súper-SNIP” (en cumplimiento del Decreto Legislativo 1012) sin poseer el ‘staff’ las capacidades ni los criterios de evaluación. Un monumental cuello de botella.

Es razonable esperar un crecimiento de la economía en el 2015 mayor que el 2,5% a 2,8% que tendremos este año, pero ciertamente la cifra será bastante inferior a la que proyecta el MEF. El daño que hemos infligido a la economía con la maraña burocrática, el deterioro a las instituciones, el caos regional y la falta de reformas ya hizo caer nuestro potencial de crecimiento en por lo menos 3,5 puntos porcentuales. Con gran suerte y destreza podremos crecer 4,5% en el 2015.

Perú adquirirá aviones de vigilancia electrónica para la Marina de Guerra

09/10/2014 - (Infodefensa.com) Lima – A través del Decreto Supremo No 013-2014-DE, el gobierno del Perúha declarado de interés nacional la contratación en el mercado extranjero de aviones multipropósito en el marco del Proyecto de Inversión Pública(PIP) “Creación del Servicio de Vigilancia Electrónica del distrito de Capitanía 3 del dominio marítimo nacional”.

La compra de los aviones se realiza bajo la modalidad de convenio de cooperación internacional de gobierno a gobierno, práctica ahora rutinariamente utilizada por el gobierno peruano para garantizar la transparencia en las adquisiciones del sector defensa e incluye un estudio de mercado, informes técnico y económico sobre las ventajas de la contratación directa con otro Estado, informe de la oficina de presupuesto para garantizar el financiamiento y la declaratoria de viabilidad en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

El proyecto tiene asignado el Código SNIP No 293744 y contempla la compra de dos aviones multipropósito para vigilancia electrónica, equipados con sistemas de inteligencia de señales SIGINT para la Marina de Guerra del Perú (MGP). El financiamiento se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la MGP para el ejercicio fiscal 2014.

Cabe anotar que reportamos recientemente sobre la compra de dos aviones Fokker 50 para la MGP, declarados en excedente por la Real Fuerza Aérea de Holanda, noticia rebotada en diversos medios de la prensa internacional.