La Ley de Obras por Impuestos se gesta en los años 2007-2008 en un contexto en que confluyen los siguientes hechos:
1) Identificación de una gran brecha de inversiones en infraestructura.
2) Incremento de los recursos destinados al canon y sobrecanon.
3) Bajos índices de ejecución de los presupuestos de inversión del sector público.
Es en esta coyuntura que, en mayo del año 2007, el Instituto Peruano de Economía - IPE, entidad dirigida entonces por Fritz Du Bois, publica el Documento de Investigación “¿Cómo acelerar la ejecución de inversión en infraestructura en el Perú?”, en el que se plantean diversas acciones para dinamizar las inversiones en las regiones y entre ellas se propone un proyecto de ley que propone un mecanismo para que las empresas privadas puedan optar por pagar en forma anticipada el Impuesto a la Renta mediante la inversión directa en los proyectos de inversión de infraestructura de uso público.
Luego, en julio de 2007, el Grupo Parlamentario Unidad Nacional (PPC y otros) recoge esta propuesta, al parecer con la anuencia de Fritz, y la convierte en un proyecto de Ley. Paralelamente, el Ejecutivo propone un proyecto de Ley similar, en setiembre de 2007, que lo llamó “Construye y Transfiere”, tomando como base también el estudio del IPE.
En este proyecto se propone la creación del “Certificado Construye y Transfiere-Tesoro Público” - CCYT, documento que serviría para cancelar lo invertido por las empresas privadas mediante el pago de su impuesto a la renta, que es el antecedente de lo que ahora conocemos como el Certificado de Inversión Pública Regional y Local - CIPRL.
EN EL CONGRESO
Luego, la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el congresista Rafael Yamashiro Oré, unifica los dos proyectos de Ley y luego de consultar a diversos organismos (Contraloría, MEF, gobiernos regionales, entre otros) es aprobada en la sesión del pleno del 08 de mayo de 2008.
Finalmente, el 20 de mayo de 2008 se expide la Ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su primer Reglamento en diciembre del mismo año.
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