Lima, oct. 16 (ANDINA). La oficina Defensorial de Lambayeque solicitó a la Fiscalía investigar a la ONG "Instituto Internacional de Apoyo y Bienestar a la Madre Gestante, Niño y Adolescente", por un presunto caso de estafa a 11 municipalidades de la región Lambayeque, informó la Defensoría del Pueblo.
El jefe de la citada oficina, Julio Hidalgo, afirmó que este caso ha originado la paralización de obras de saneamiento, pavimentación y veredas en las citadas jurisdicciones, poniendo en riesgo la vida integridad y salud de las personas.
El funcionario precisó que las comunas afectadas en esta región son: Pátapo, Pomalca, Pimentel, Puerto Eten, San José, Zaña, Jayanca, Olmos, Pítipo, Puerto Nuevo y Mesones Muro. "El Ministerio Público deberá investigar ahora qué delitos y quiénes son los responsables por este perjuicio a la población lambayecana", refirió el representante de la Defensoría del Pueblo. Hidalgo detalló que la presunta estafa se configuró a partir de la firma de irregulares convenios entre los municipios de dichas jurisdicciones y la referida ONG.
Según estos convenios, explicó, la ONG se comprometía a buscar financiamiento entre agentes cooperantes para la ejecución de diversas obras públicas a cambio de que las comunas le proporcionen los expedientes técnicos (proyectos de inversión pública con código SNIP viable).
Aclaró que de acuerdo a dichos convenios los municipios no desembolsarían dinero público a la ONG, pero todo indica que fueron utilizados por ella –en el mejor de los casos– para hacer "negocio" con el tema de las obras.
"El resultado de ello es, obras públicas inconclusas y abandonadas, contratistas estafados, municipios desprestigiados y miles de personas perjudicadas por ello", subrayó.
Recordó, asimismo, que la Defensoría del Pueblo actuó de oficio frente a este caso luego de que saliese en la prensa local, y decidió intervenir para determinar si hubo un mal funcionamiento de las administraciones públicas locales.
Tras ello, llegaron a esta institución contratistas que se quejaban contra la ONG porque no recibían el pago prometido por los avances de los trabajos, pese a haberles desembolsado el 1 por ciento del costo total del proyecto, como contraprestación por la "adjudicación" de obra.
Dijo que, por ejemplo, el Consorcio Pátapo, inició los trabajos para la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Desaguadero, pero que al no recibir el pago de la mencionada ONG decidió paralizar los trabajos, los cuales se encuentran inconclusos.
Por su parte el jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Luna, afirmó que el caso fue remitido al Ministerio Público por ser la institución llamada a investigar la ocurrencia de delitos.
Agregó que también se está acopiando toda la información para enviarla a la Contraloría General de la República, debido a que este caso amerita también una investigación por responsabilidad funcional en las administraciones locales.
El representante de la Defensoría añadió que esta ONG, que supuestamente obtendría fondos del exterior para las obras, ni siquiera se encuentra registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Por último, Hidalgo sostuvo que la Defensoría del Pueblo da a conocer su intervención en este caso porque es muy probable que esta modalidad para la ejecución de obras públicas, vía convenios de esta naturaleza, se replique en el resto del país.
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