mañana se aprueba el reglamento del "Invierte.pe"

Nos enteramos que mañana miércoles 15 de febrero del 2017 se aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, denominado "Invierte.pe", en el que ya nos enteramos de algunas novedades....esperamos equivocarnos...

Por ejemplo que las 1875 municipalidades distritales no estarían incluidas en este nuevo y pomposamente anunciado sistema, y que su incorporación no se daría aún.

También que no sólo hay PIP en inversión, sino que existen otras formas de esta como las Ampliaciones Marginales y otras más, que no diremos por que no queremos aguar la fiesta.

Estaremos atentos...

Hay que desconfiar de las unanimidades

Por Juan Carlos Valdivia

Hay que desconfiar de las unanimidades - Por Juan Carlos Valdivia - EL MONTONERO

Respetando los balances de poderes y los controles legales establecidos

¿Cómo librar los proyectos técnicos de la manipulación política? Cuando vemos el proceso de toma de decisiones para lograr la ejecución del proyecto de las Carreteras Interoceánica, uno puede comprobar cómo una serie de controles se superan por la llamada “decisión política”, aquella que es asumida por presidentes, congresistas y ministros.

Hay algunos hechos que deben llamar la atención. En primer lugar, todas las fuerzas políticas con representación en ese momento estuvieron de acuerdo. Era una obra de infraestructura que se enmarcaba dentro de los proyectos de integración regional. Sin embargo, en ese entonces los economistas comentaron que su escaso flujo vehicular no sustentaba tamaña inversión. Entonces aparecieron las “decisiones políticas”. Se le levantaron las limitaciones del Sistema de Inversión Pública (SNIP) y luego, ante las observaciones de conflictos legales, se cambió la ley —en el Congreso— que establecía dichos impedimentos. Se produjeron cambios legales que permitieron llevar adelante los proyectos, por un acuerdo político de todos los partidos representados en ese entonces. ¿Cuánta legitimidad hay en esas decisiones y cuánto de incentivos ilegales hubo?

Entonces, antes de crear nuevas instituciones o cambiar leyes, hay que establecer candados constitucionales que impidan estas leyes con nombre propio. Por ejemplo, hacer que aquellos cambios legales que afecten procesos de inversión tengan una antigüedad no menor de dos años para su vigencia. Así, en el caso que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo (por razones legítimas o ilegítimas) el vacatio legis daría tiempo a reevaluar las decisiones o a un correcto debate público sobre la pertinencia de la inversión.

En el caso de otra inversión cuestionada —el Gasoducto del Sur—, de igual manera se comprueba cómo las decisiones se toman con poco tiempo, cómo se cambia a los miembros de los comités de licitación, cómo se piden informes legales que siempre dan la razón a las decisiones de Proinversión. En ese caso si es necesario crear cierta institucionalidad, de tal manera que las consultas o interpretación de las bases esté sujeta a algún tribunal permanente, cuyo plazo de permanencia esté garantizado, así como la independencia de su nombramiento. También, pensar en que los miembros de los comités de Proinversión no puedan ser cambiados una vez iniciado el proceso, salvo situaciones de fuerza mayor, para cuyo caso el suplente debería estar nominado desde el inicio. Hay que garantizar la autonomía de los funcionarios que participan en una licitación.

No dudo de que a las decisiones políticas deben sobreponerse las decisiones exclusivamente técnicas, pero debe hacerse respetando los balances de poderes, los controles legales establecidos. Y si se decide hacer cambios en estos últimos, deben producirse luego de un debate amplio y público. Siempre hay que desconfiar de las unanimidades.

IPE: Estos son los riesgos que acechan a la economía peruana

La mayor parte de los analistas ha reducido sus expectativas sobre la economía peruana, indica el análisis semanal del IPE.

La economía peruana crecerá un 3,6% este año, según pronostican diversos analistas.(Foto: Archivo El Comercio)

Por: Instituto Peruano de Economía

A poco más de un mes de iniciado el año, los principales analistas económicos han revisado sus proyecciones de crecimiento de la economía peruana para el 2017 a la baja. El nuevo consenso es cercano al 3,6%. Este ajuste en los estimados responde en buena cuenta a la incertidumbre nacional provocada por los recientes destapes de corrupción y la reducción de la confianza empresarial. ¿Qué riesgos económicos en general se vislumbran durante el presente año? 

Un determinante clave para los supuestos de crecimiento de la economía el 2017 es el comportamiento de la inversión privada. Esta se retrajo por 11 trimestres consecutivos entre el primer trimestre del 2014 y el tercer trimestre del 2016, y se estima que en el último trimestre del 2016 también habría tenido un resultado negativo. La larga caída se explica por la fuerte contracción de la inversión minera, que habría caído en casi 50% en el 2016, y al debilitamiento de la inversión en casi todos los otros sectores. 

El crecimiento esperado de la inversión privada para el 2017 asciende a poco más del 4%, lo que contribuiría al crecimiento del PBI en casi 1 punto porcentual. Si bien el índice de expectativas de la economía a tres meses del BCRP continúa en tramo positivo, este se viene deteriorando desde su pico en setiembre del año pasado. Las proyecciones dependen de que las expectativas se traduzcan en inversión y de que a la paralización del gasoducto del sur no le sigan retrasos significativos en otras grandes APP. El panorama político, la expropiación de terrenos, las interferencias y el financiamiento de algunas obras siguen siendo un riesgo. 

En segundo lugar, luego de tres años consecutivos de caída, se espera que la inversión pública impulse parte del crecimiento en el 2017. En este sentido, se estima un crecimiento real de aproximadamente 12%, lo que representaría un aumento en el gasto de capital de 4,4% del PBI en el 2016 a 4,7% para este año. Este shock de inversión pública comprende mayores transferencias para obras públicas de 4.618 proyectos de inversión adicionales a nivel nacional, pero su ejecución depende en buena cuenta de las capacidades de los gobiernos regionales y locales, que este año controlan el 41% del presupuesto en inversión pública. Adicionalmente, el nuevo sistema Invierte.pe, que reemplaza al SNIP, debería facilitar la ejecución. No está de más recordar que el multiplicador fiscal de la inversión pública –el impacto de cada sol invertido– es de 1,4 veces.

De acuerdo con BBVA Research, uno de los principales riesgos al crecimiento de este año es que las anomalías climatológicas se prolonguen. “El escenario base de proyección incorpora estas anomalías, pero asume que son solo transitorias. Sin embargo, de persistir en los niveles actuales, se afectarían el agro, la pesca, la manufactura, la construcción, el comercio, y los servicios”, menciona el equipo de investigación del banco. 

En el escenario internacional, los dos principales riesgos son, por un lado, la incertidumbre respecto a las políticas económicas del nuevo Gobierno de EE.UU. y, por otro, la estabilidad de la economía china. Respecto del segundo, sus vulnerabilidades financieras podrían acentuarse e impactar en su demanda por minerales y en el precio global de los mismos. Cuanto menos medio punto del crecimiento del producto proyectado para el presente año es contingente a estos riesgos. 

Vamos intentar corregir y exhortar a los chicos que publican en el "Decano", para que tengan más cuidado con su contenido...

No es cierto que el SNIP era el sistema del estado para controlar en qué se gastaba la plata de los peruanos, sugerimos leer un poquito más... El SNIP era el Sistema Nacional que permitía acreditar la calidad de las inversiones en el marco de sus reglas de juego... procedimientos que en la práctica y muchas veces fue burlado por la autoridad política, incluso nacional...(Ver caso Odebrecht y demás)

Aún así les dejamos con este artículo de www.elcomercio.pe, en el que se cometen estas imprecisiones, no sin antes darle la razón al columnista que estamos de acuerdo con él que, desde ese entonces, ya el SNIP (2004-2005) ya era considerado "Un Maldito" por varios tecnócratas que hoy están sentados como funcionarios públicos con cargos de confianza...

I know what you did last time, por Marco Sifuentes

“No pudo determinarse si la Interoceánica era necesaria o si el gasto correspondía con los beneficios que supuestamente traería”. (Foto: Inés Menacho/Archivo El Comercio).

• Marco Sifuentes
• Periodista

“Algunas voces venían alertando de un contrato millonario aprobado sin pasar por el SNIP”.

El día en que Alejandro Toledo selló su destino final yo estaba en Palacio. Fue el 4 de agosto del 2005. Los periodistas lo vimos firmar su sentencia: el contrato de la Interoceánica. Había algarabía en el Salón Dorado, pero algo no cuadraba. Algunas voces –la mayoría, entonces, de la izquierda, hay que reconocerlo– venían alertando de un contrato millonario aprobado sin estudio de impacto ambiental y sin pasar por el SNIP.

El SNIP fue un sistema que controlaba en qué se gastaba la plata de todos los peruanos (PRECISIÓN INEXACTA). Fue creado durante el gobierno de transición de Paniagua (OTRA IMPRECISIÓN PUES FUE EL 27/06/2000, AÚN PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI, PCM - ABERTO BUSTAMANTE BELAUNDE y EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER del MEF) para evitar que se repitiera un saqueo como el de los 90. Pero a la tecnocracia que se apoderó del Estado en este siglo nunca le gustó. De hecho, una de las promesas de campaña de PPK fue eliminar el “maldito SNIP”. Y su gobierno acaba de cumplir (Tampoco es cierto, pues al cierre de este informe aún estuvo vigente la Ley N° 27293, sólo tienen como fuente a la TV). Lo mató hace un par de meses. Bye, bye, fucking SNIP.

Volvamos al 2005 pero no a esa fatídica ceremonia de Palacio, sino un poco más atrás. En febrero de ese año el SNIP ya era maldito, imaginamos. De otra manera no se explica el Decreto Supremo 022-2005-EF, que, ahora lo sabemos, es la madre del interoceánico cordero. El gobierno decretaba –porque sí– que un desembolso de 800 millones no tenía por qué ser evaluado por el SNIP. De esta forma, no pudo determinarse si la Interoceánica era necesaria o si el gasto correspondía con los beneficios que supuestamente traería.

Pero hay más. Las “EF” de ese decreto significan “Economía y Finanzas”. ¿Adivinan quién era el ministro de EF? Pues adivinan a medias. Efectivamente, era PPK. Sin embargo, oh casualidad, no firmó ese decreto porque estaba fuera del país. Recuerdo perfectamente que ese providencial viaje fue la comidilla entre periodistas. ¿No se quería ensuciar las manos? ¿Sabía algo que nosotros no?

Y aquí volvemos a agosto del 2005, a Palacio. Presente en la ceremonia estaba Fernando Olivera. ¿Por qué? Nadie sabe. Entonces era embajador en España. No tenía nada que hacer allí. Una semana después, en ese mismo Salón Dorado, estaba jurando como canciller de la República, para desconcierto de todo el mundo. Los mismos partidarios de Toledo se preguntaban abiertamente, ante cámaras, si ‘Popy’ “le sabía algo” al presidente.

A los dos días –desembarcado ya de la cancillería–, Olivera nos dio una pista. También estuve en esa conferencia. En medio de su pataleta, reveló que él mismo había cabildeado con el contralor a favor de la millonaria carretera. “Si no se levantaba la observación de que había un 100% de sobrevaluación en la Interoceánica, ese contrato no se hubiera firmado”, se pavoneó.

“I know what you did last time”, le dijo Eliane Karp a PPK esta semana. Pero, hasta donde yo recuerdo, en esa época parecía más bien que todos sabían todo lo de todos. Ya es hora de que alguno se vaya sincerando.

Los pecados de los Megaproyectos (I) 10.02.17

Atalaya Económica

MANUEL ROMERO CARO

Con los avances del Lava Jato Peruano ya se van confirmando lo que sostuviéramos en diversos artículos desde hace 2.5 años: la existencia de una serie de “coincidencias sospechosas” entre lo que le convenía a Odebrecht (Odb) y a otras constructoras en diversos proyectos y las decisiones que adoptaban los respectivos funcionarios públicos.

A continuación un breve resumen de las características negativas que he podido apreciar en diversos megaproyectos. Y como las constructoras brasileras (CB) replicaban su “modelo de negocio” en los países en que operaban, se está comprobando que estas características tienen vigencia , cuando menos, regional . Obviamente la lista no pretende ser exhaustiva, pero si indicativa. Asimismo puede servir como un patrón frente al cual se pueden comparar diversos proyectos de inversión a partir de cierta envergadura relevante.

1) Inversiones electorales. Del resultado de las investigaciones en Brasil y en algunos países de la región, existen una serie de acusaciones contra las CB por financiamiento a numerosas campañas electorales: Lula, Rousseff, Temer; Santos, Bachelet, Ominami, Humala, etc. Este tipo de inversiones fuera del marco legal les permitía a las CB tener influencia indebida durante las etapas previas a las licitaciones y durante el proceso de selección de los megaproyectos materia de interés .

2) Marco legal amigable . Casi todos los megaproyectos han contado con Leyes a la medida que declararon de necesidad publica e interés nacional la ejecución de dichos proyectos. En ellos generalmente se les exoneraba del SNIP (filtro indispensable para evitar elefantes blancos) y de completar los estudios de pre inversión, etapa fundamental para evitar las ya famosas Adendas contractuales. La Interoceánica Sur y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) son los casos más representativos de esta característica. Prácticamente ningún megaproyecto se licitó con sus estudios de pre inversión completos y actualizados.

3) Sin estrategia adecuada para desarrollar los proyectos: los gobiernos de turno no saben qué hacer con muchos megaproyectos, lo que origina pérdida de tiempo y escalamiento de costos. Caso emblemático: el gasoducto al sur. Primero se aprobó un ducto costero (Ley 28695 del 23.02.2006) para llegar a Ilo, luego se cambió de opinión y se aprobó un trazó similar al actual (Ley 29129 del 24.10.2007); luego vino la etapa de Kuntur (el concesionario privado asumía todos los riesgos, no tenía subsidios ni poliducto) ; luego vino la propuesta del Etanoducto sin ningún estudio sustentatorio (un apéndice del ducto de TGP); luego vino el GSP actual (con subsidios de los consumidores eléctricos, y con poliducto). Luego se suspendió el subsidio de los consumidores y se reemplazó por una garantía estatal. Y ahora se anuncian nuevos cambios para la próxima subasta . Inexplicablemente (o quizás para facilitar la corrupción), no existe la más elemental priorización intersectorial de proyectos.

4) Sin una secuencia lógica: idealmente la ruta debería de ser completar los estudios de pre inversión ; contratar a un Banco de Inversión, Road Show para presentar el proyecto; licitación, contrato modelo ( incluyendo Adenda de Bancabilidad modelo negociada con bancos). Supervisión durante la construcción, y luego evaluaciones ex post.

5) Con términos de licitaciones parcializados : el modelo de Odebrecht era tener licitaciones que fueran “ternos a su medida” o con postor único. Acabamos de confirmar , via J Barata, que el soborno que se habría pactado con A Toledo se redujo de US$ 35 millones a 20, porque el ex mandatario no cumplió con la modificación de las bases de la licitación de la Interoceánica Sur para dificultar o impedir la participación de otras firmas. Asimismo un colaborador eficaz ha declarado que en el caso del GSP, la representante legal de Odb se reunión en diversas oportunidades con los funcionarios de ProInversión encargados del proyecto para adecuados los términos de la licitación a los requerimientos de Odb. También habrían utilizados otros mecanismos para que los competidores se retiren de la licitación; o habrían introducido un caballo de Troya para petardear el proceso. Por lo que no resulta extraño que en más de una oportunidad postulara como postor único.

6) Contratos de concesión a la medida. Es por ello que los montos de los sobornos entregados empequeñecen frente a las ganancias ilícitas que se pueden obtener a través de esta vía. En el caso del GSP se dispuso que no se efectuara estudio de mercado para sobreestimar groseramente la demanda del sur del Perú; aun sabiendo que no se iba a concretar ningún proyecto petroquímico, que era el principal demandante. Y se le otorgaron Ingresos Garantizados de US $ 912 millones anuales durante 30 años, menos los ingresos que pudiera generar el ducto, que en mi opinión difícilmente llegaría a la mitad del monto estimado.

7)Con importantes escalamientos de inversión y costos, como consecuencia de no haber completado los estudios de pre-inversión, o de arreglos bajo la mesa. Lo que sucede es que a medida que se va avanzando en los estudios de un megaproyecto, la diferencia entre los presupuestos iniciales y finales es menor. Por ejemplo en una carretera los estudios de pre factibilidad no se sustentan en informaciones primarias (se elaboran planos, pero no se efectúan perforaciones). En los estudios de factibilidad se efectúan perforaciones, pero de manera general. Y en los Estudios Definitivos el espectro de perforaciones es mayor. Por lo que resulta evidente que no se debería de permitir que se liciten proyectos que no cuenten con Estudios Definitivos y con Estudio de Impacto Ambiental. El caso más evidente es el de la Interoceánica Sur, al que se le permitieron 22 adendas . De esta manera las constructoras corruptas ofrecían montos reducidos en la licitación (porque sabían que la diferencia la iban a obtener vía las adendas que fueran necesarias). “Sacándole la vuelta” de esta manera a los resultados de las licitaciones. Y desincentivando que constructoras honestas se presenten a futuras licitaciones.

(continuará el martes 14)

manuel.romero670@gmail.com

MEF: Invierte.pe monitorea casi 100 proyectos de gobiernos locales y regionales

Regiones podrán dinamizar sus proyectos con Invierte.pe desde la próxima semana.

Por: Christian Ninahuanca Abregú

07:00. Lima, feb. 10. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que el nuevo sistema Invierte.pe, que reemplaza al Snip, está haciendo seguimiento a cerca de 100 proyectos de inversión pública de gobiernos regionales y locales.

En el marco del III Gore-Ejecutivo, Thorne dio una entrevista al Diario Oficial El Peruano, donde detalló estos temas.

- ¿Cuándo los gobiernos regionales podrán presentar sus proyectos al nuevo sistema Invierte.pe?

- Después de que se publique el reglamento de la ley que creó Invierte.pe, el cual ya está listo, el miércoles pasado tuvimos una primera discusión dentro del Consejo de Ministros y esperamos aprobarlo el próximo miércoles, aunque probablemente lo hagamos antes con una sesión virtual.

- ¿Cuáles son los gobiernos regionales y locales que han mostrado mayor interés en este nuevo sistema?

- Todos los gobiernos regionales, así como una gran cantidad de gobiernos locales, creo que hay una gran expectativa de parte de todos por originar y desarrollar sus proyectos con Invierte.pe.

- ¿Pero ya se está haciendo seguimiento de los proyectos?

- Invierte.pe ya está haciendo un seguimiento, son cerca de 100 proyectos que se siguen de manera muy detallada y se hacen evaluaciones en las regiones para ver cuáles son las trabas, y se toman acciones al respecto.

- ¿Qué se espera del III Gore-Ejecutivo?

- Queremos que esto sea continuo, que haya un diálogo permanente con los gobernadores regionales y que de esa manera se mantenga la dinámica de inversión y del gasto, y sobre todo que gradualmente vayamos destrabando los proyectos de inversión pública.

- ¿Y las transferencias a las regiones cómo avanzan?

- Ya hicimos una trasferencia de 3,900 millones de soles y estamos por hacer una segunda transferencia de 5,000 millones de soles a los gobiernos regionales y las municipalidades, por lo cual es la transferencia más importante que se haya hecho desde el Ejecutivo. Les pediría a los gobiernos regionales que ejecuten estas inversiones de una manera diligente, es muy importante., porque es un instrumento para revertir este shock negativo de la corrupción.

- ¿Qué medidas más se estarían dando a favor de los gobiernos regionales?

- Lo que viene es la programación multianual del presupuesto, es muy importante este cambio, que ya lo hemos hecho por el lado de las inversiones. Hoy la programación del presupuesto se hará a tres años, cuando antes se hacían a un año, este es un cambio en la manera como manejan sus presupuestos los gobiernos regionales porque ya no estarán restringidos a que los fondos se tengan que utilizar en el año del presupuesto, sino que ahora el horizonte se extiende a tres años.

- ¿Cómo ha encontrado las expectativas de los gobiernos regionales sobre el desempeño de la economía nacional este año?

- Muy bien, aparentemente van a tener una gran sorpresa en el número del PBI (Producto Bruto Interno) de enero, no les voy a decir más, pero conversamos sobre eso el día 15 (de febrero).

- Algunos analistas dicen que el crecimiento de este año será impulsado por la demanda interna, ¿cuánto de eso podría darse?

- Nosotros tenemos en nuestras proyecciones que la demanda interna se irá acelerando gradualmente, empezando este año y sigue en el 2018 y 2019, cuando esperamos que la demanda interna llegue al 5% de crecimiento.

- ¿El contexto internacional se está poniendo positivo para el país, por el alza de los precios de lo metales?

- Los precios de los minerales están yendo bien, la minería también está yendo muy bien, así como nuestro destrabe que está caminando bastante bien, hay que poner más presión y dentro del Consejo de Ministros estamos siguiendo muy de cerca la ejecución de proyectos que también vienen con mucha fuerza.

- Hay encuestas que indican que el Perú tiene la mejor confianza empresarial en la región, ¿qué explicaría eso?

- Hay muchos indicadores de confianza empresarial, nosotros seguimos con mucho detalle el del Banco Central de Reserva (BCR), que se publica a comienzos de cada mes, el cual muestra una recuperación, pero lo más importante es que necesitamos un buen índice de confianza del consumidor y vamos a pedirle al INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) que nos apoye en esa dirección.

(FIN) DOP/CNA/JJN 

Publicado: 10/2/2017

Reflexión ante los casos de "Megaproyectos" que encarcelarán a tantos funcionarios... y la razón de haber eludido el control del SNIP

Si pensamos un poquito, durante muchos años, bueno 16 para ser exactos, el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, significó para la autoridad Nacional, Regional y Local, ese "Cuco" que le impedía emprender de forma rápida sus obras físicas, principalmente las majestuosas, de las que uno pueda recordar.

Sin embargo lo rápido no necesariamente es lo bueno y lo bueno no necesariamente es lo más fácil, es así que haberse obviado los mecanismos legales y técnicos incluso ha generado una explosión de corruptela de magnitudes inimaginables hasta el más alto nivel.

Hace poco menos de 24 horas se ha ordenado a Interpol la búsqueda y captura del Ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, un luchador contra la corrupción del Fujimorato de los 90 que tuvo la brillante idea de exonerar del SNIP  a una inversión que fluctuó de entre $800 Millones a más de $1,800 Millones, desde su inicio hasta su culminación (Corredor Vial Interoceánico Sur - IIRSA SUR).

Este tipo de acciones fueron advertidas en su momento y el perjuicio es más grande y va más allá del tráfico de influencias; pues usted Sr. Contribuyente asumirá los costos de la "Coima" de un presidente por un bien público que aún no ha demostrado rentabilidad social.

Hoy se ha convenido que los estudios de Preinversión como Perfil y Factibilidad deben realizarse con ciertos criterios débiles y de forma tibia deberán considerarse como estrictos, pues a los gobernadores y gestores públicos de turno no les gusta esperar por un buen proyecto sin problemas.

Entonces estando a pocas horas de la aprobación del Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, (denominado INVERTE.PE, aún no sabemos porqué), nos preguntamos si se continuará pensando en el MEF, que la Preinversión ¿no requiere aunque sea de forma general, ser analizada mínimamente?        

Y ese momento no decían nada... es que el SNIP siempre fue un Cuco del que hasta el Presidente de turno tenía miedo..."Prueba ácida: Carreteras manchadas"

Aunque legales, los mecanismos usados por el gobierno de Toledo para impulsar la IIRSA Sur fueron antitécnicos y sospechosos.

• Javier Albán
• @JavierAlban

Como detalló un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio la semana pasada, el contexto en el cual fueron firmados los contratos de concesión de los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (IIRSA Sur) deja abiertos varios cuestionamientos y no pocas sospechas.

Primero, porque el proyecto fue aprobado en una sesión del Consejo Directivo de Pro Inversión en la que participó el entonces presidente Alejandro Toledo, un hecho inusual en este tipo de reuniones. Segundo, pues un día después de aquella reunión, se pidió al Ejecutivo que exonere el proyecto de la carretera de la evaluación previa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que se cristalizó mes y medio después a través de un decreto supremo. Y tercero, porque, luego de ser elegidas las empresas concesionarias, pero antes de que se firmen los contratos, la contraloría advirtió que algunas de las empresas ganadoras estaban impedidas de contratar con el Estado y aun así se insistió con la adjudicación. ¿Tuvo este proceso acelerado alguna justificación?

SNIP, ¿para qué?

El SNIP era un sistema administrativo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuya función principal era evaluar la viabilidad económica de los proyectos de inversión pública. Su objetivo era optimizar el uso de los recursos estatales y garantizar que los proyectos fueran sostenibles. Para ello se estableció como regla que todo proyecto de inversión pública debía pasar por un ciclo de evaluaciones a cargo del SNIP. A fines del año pasado, el SNIP fue reemplazado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.pe.

La decisión de exceptuar a IIRSA Sur de la revisión previa del SNIP, sin embargo, sí tuvo amparo legal. El artículo 10.5 de la Ley 27293 (que creó el SNIP en el año 2000) permitía que el Ejecutivo exonerara de este trámite a cualquier proyecto a través de un decreto supremo refrendado por el ministro del sector involucrado y por el ministro de Economía.

En este caso, el decreto que generó la excepción para IIRSA Sur (22-2005-EF) fue suscrito por el entonces presidente Toledo, por Jorge Ortiz, como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), y por Javier Sota, entonces ministro de Educación, como encargado del MEF. Ello debido a que el entonces titular del MEF, Pedro Pablo Kuczynski, había sido autorizado a salir del país durante esos días “por razones de índole personal y de salud”, según la Resolución Suprema 028-2005-PCM.

La lógica de permitir esta excepción era garantizar la independencia de los técnicos que trabajaban evaluando los proyectos en el SNIP y librarlos de responsabilidad en los casos en que, pese a tener una opinión contraria, sus superiores decidieran políticamente dar luz verde a un proyecto. 

De hecho, este mecanismo fue utilizado para impulsar varios otros proyectos (Ver: Más exonerados), algunos de los cuales ya se conocía que contaban con una opinión contraria del SNIP, como ocurrió con el proyecto Olmos.

Un recuerdito de Agosto del 2011...

Haciéndole el túnel al SNIP

En la primera parte de este reportaje revelamos que las cuentas de Odebrecht en las obras que IDL-R investigó se encarecieron en cientos de millones de dólares luego de ser adjudicadas. ¿Qué cosa tienen en común esos presupuestos con levadura?

Segunda de dos entregas

Por Emilio Camacho.-

Como ya se ha visto, las obras ejecutada por Odebrecht terminan costando mucho más de lo previsto. Pero hay un hecho en común que quizá ayude a explicarse lo anterior: la mayoría de concursos que ganó la firma brasileña no pasó por el control del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). Además, uno de ellos, el de la Interoceánica Norte, no contó con el visto bueno de la Contraloría.

No es un asunto de unos cientos de dólares sino de cientos de millones. Pareciera que el principio con el que operó el Estado en estos casos es que cuanto mayor es el costo de una obra, menor el control del dinero público.

De manera que el Estado entregó a ciegas las obras para que la ‘característica de incertidumbre’ de Odebrecht operara con toda certidumbre.

¿Les sorprende? Veamos la lista de exoneraciones:

-El 22 de agosto de 2003, el Ministerio de Economía (MEF) publicó undecreto supremo en el que se exceptuaba del control del SNIP a la construcción, operación y mantenimiento del Túnel Trasandino y a la primera etapa de la presa Limón del proyecto Olmos, es decir a la obra que un año después sería encargada a la empresa brasileña y que ahora se conoce como Trasvase Olmos.

-El 10 febrero de 2005, se publicó el Decreto Supremo 022-2005 que exoneraba del control del SNIP a los tramos 2,3 y 4 de la Carretera interoceánica Sur. El decreto lleva la firma del ex presidente Alejandro Toledo y de Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación encargado en esa fecha de la cartera de Economía y Finanzas (el nombre de Pedro Pablo Kuczynski, entonces ministro de Economía, no aparece en la copia que fue publicada en El Peruano).

-En marzo de 2010, el gobierno de Alan García exceptuó del SNIP a los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico. Semanas antes del cambio de mando de 28 de julio, IDL-Reporteros pidió una explicación al Ministerio de Economía por estas dos últimas exoneraciones pero nunca hubo respuesta. También se solicitó una entrevista con Carlos Giesecke, encargado de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía, que mantuvo un elocuente silencio.

-En 2004, la concesión de la Interoceánica Norte se saltó el informe previo de la Contraloría. Proinversión pidió la opinión de este organismo tres días antes de que se cerrara la licitación. El ex contralor Genaro Matute recuerda cómo actuó Proinversión: “Toda operación de ese tipo necesita de un informe previo de la Contraloría, sobre todo porque el Estado actúa como garante del préstamo con el que iban a empezar las obras. Pedimos toda la información a Proinversión y nos entregaron un CD con 1200 archivos. Era casi una burla”,afirma.

Ex contralor Genaro Matute dice que lo ocurrido en el concurso de IIRSA Norte “era casi una burla”.

¿Cómo se decidieron estas exoneraciones? El propio Matute responde esta interrogante. “Las exoneraciones del SNIP se determinan con un Decreto Supremo, son una decisión política. Mientras estuve en Contraloría, nunca hubo un criterio técnico para pedirlas”, dice.

El ex contralor agrega que al no pasar por el SNIP los proyectos se quedan sin un estudio técnico definitivo. Es decir, no se sabe cuánto costarán realmente. “Lo que pasa en estos casos es que el expediente técnico siempre se deja abierto. El valor definitivo se calcula después de la firma del contrato (…)Es lo que pasó en el caso de IIRSA Sur. Aquí nosotros hicimos un informe negativo. Por eso mandamos las cosas a la fiscal, pero ella pasó por alto una serie de cosas”, refiere.

Matute explica que hay otro riesgo al no conocer el precio real de las obras: que una empresa pueda ofrecer un costo menor por un proyecto, solo para ganar el concurso, sabiendo que luego lo podrá encarecer cuanto quiera.

Prosperidades

Entre el 2006 y 2010, CDB Callao y CBD Melchorita consorcios integrados por Odebrecht y sus socios Saipem y Jan de Nul ganaron y construyeron los proyectos portuarios del Muelle Sur del Callao y Melchorita, en los que se invirtieron 949 millones de dólares. Odebrecht también tuvo a cargo el puerto de Bayóvar que tuvo un costo de 100 millones de dólares. (Ver cuadro 1)

El año pasado, obtuvo la concesión del proyecto de irrigación Olmos, para el que se destinarán 220 millones de dólares, y este año compró el 51% de acciones de Kuntur Transportadora de Gas, que desarrolla el proyecto de Gasoducto Andino del Sur. Además, empezó a construir la represa de Chaglla en Huánuco, donde invertirá 1200 millones de dólares que recuperará con la venta de energía.

Estas cifras dejan en claro que a la gigante brasileña no le ha ido nada mal con el‘principio de incertidumbre’ en el último decenio. Teniendo en cuenta sobre todo que en 2001 sus contratos en el país solo llegaban a los 3 millones de dólares, de acuerdo con sus propias cifras.

El año pasado, Odebrecht informó sobre su interés en la construcción de seis hidroeléctricas en la selva del país. “El Perú tiene un potencial de aproximadamente 60.000 MW de energía renovable hidroeléctrica, de los cuales utiliza solamente el 5%; en caso el Estado y las comunidades deseen explotar estos recursos con sostenibilidad, estamos dispuestos a participar de la inversión para el desarrollo de estos proyectos”, dijo Jorge Barata a IDL-Reporterossobre el tema.

Precisamente, en su primer discurso ante el Congreso por 28 de julio, el presidente Ollanta Humala afirmó que su gobierno promoverá la construcción de hidroeléctricas con participación de Electroperú. Es un hecho que Odebrecht entrará a esos concursos y ahora habrá que ver, mientras se sigue investigando lo anterior, si la cosa es con SNIP o con esa ‘característica de incertidumbre’ que no necesita clarividentes para saber en qué terminará.

El socio con suerteCuando IDL-Reporteros buscó a Jorge Barata para tener detalles de las operaciones de Odebrecht, el funcionario dejó en claro que en el Perú no operan solos sino que han buscado “alianzas estratégicas” con otras empresas para poder dividir los riesgos. “Es imprescindible destacar que en casi todas las obras que menciona en su pregunta no se trata sólo de nuestra empresa, sino más bien de un grupo de empresas, que en el caso de la Interoceánica Sur Tramo 2 y 3 está conformado por Odebrecht y las empresas peruanas Graña y Montero, JJC e ICCGSA. En relación a la IIRSA Norte el grupo está formado por Odebrecht y Graña y Montero, y, hasta mediados de 2008, la brasileña Andrade Gutierrez era parte; y, como todos saben, el Consorcio Tren Eléctrico es conformado por Odebrecht y Graña y Montero”, dijo.Con la declaración de Barata, queda claro que su principal socio en el Perú es la constructora Graña y Montero (ver cuadro 2), empresa nacional que se ha favorecido con varios proyectos promovidos por el gobierno de Alan García. De hecho, GyM tiene presencia en el tramo 1 de la Interoceánica, obra que se adjudicó al formar una sociedad con JJ Camet Contratistas Generales. Además, a inicios del 2009, fue una de las tres constructoras que firmaron contrato con el Ministerio de Educación para la remodelación de los centros educativos emblemáticos, un proyecto al que se destinó 250 millones de dólares, que fue impulsado por el propio García. También se adjudicó el proyecto para la construcción de 22 mil viviendas en el terreno del aeródromo de Collique, para ello formó un consorcio con la empresa chilena Besco.

El presidente del directorio de Graña y Montero es José Graña Miró Quesada, uno de los accionistas más importantes del grupo El Comercio, con 6.17% de las acciones (solo hay tres accionistas que tienen más de 5% accionario en el Grupo). A pesar de su vinculación propietaria con un grupo periodístico, Graña prefirió contestar a IDL-R a través de un manejador de imagen: Freddy Chirinos, director asociado de la consultora Chisac. Graña mandó decir que es accionista de El Comercio hace 43 años, pero que no tiene ingerencia en la línea editorial del diario. También dijo que El Comercio ha sido crítico de las obras que Graña realiza en sociedad con Odebrecht como el tramo 1 del Tren Eléctrico. IDL-R no ha encontrado un solo editorial que justifique dicha aseveración.

Las controversias regionales de OdebrechtOdebrecht no solo tiene presencia en el Perú, sino en varios países de la región, en algunos de los cuales ha enfrentado serios cuestionamientos. En Venezuela, cuyo gobierno es el principal cliente de Odebrecht fuera de Brasil, la firma fue multada con 225 millones de bolívares en 2008(unos 144 millones de dólares) por una supuesta omisión de ingresos en su declaración de impuestos. A esto se suman los cuestionamientos lanzados por la oposición a Hugo Chávez que critica los sobrecostos en las obras de la empresa.En Panamá, grupos ambientalistas han criticado el poco tiempo que Odebrecht destinó a la elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de la autopista Panamá-Colón. Sus críticos calculaban que este análisis debía tomar tres meses, pero la firma lo hizo en 30 días.

Pero el escándalo más notorio de Odebrecht se dio en Ecuador. En 2008, el presidente Rafael Correa decidió expulsar a esta compañía de su país, luego de que se confirmaran severas fallas en las operaciones de la hidroeléctrica de San Francisco. La situación fue tan grave que el ejército ecuatoriano tomó control de la hidroeléctrica para “prevenir una crisis energética en el país y un estado de conmoción interna ante la posibilidad de apagones de luz generalizados en todo el territorio nacional”. La decisión del gobierno ecuatoriano provocó la protesta de la diplomacia brasileña y la intervención del presidente de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva. Odebrecht retornó a Ecuador en 2010, luego de un acuerdo con el Gobierno de ese país, en el que la constructora brasileña admitió responsabilidad y se comprometió a hacer todas las reparaciones en la hidroeléctica, pagar una compensación por la paralización y garantizar su operatividad.

La capacidad persuasiva de Lula volvió a ejercitarse en meses más recientes cuando, ya como expresidente, viajó a Venezuela para gestionar el pago de los adeudos de Chávez a Odebrecht, unos 800 millones de dólares. Lula tuvo éxito y Chávez tuvo que salir a declarar que la deuda con la constructora “estaba casi pagada”. Este resultado convierte ahora a Lula no solo en el político que dejó tras de sí una estela de casos de corrupción que hoy atormentan a su sucesora, sino también en uno de los principales lobistas del continente.