El Club 16 de las constructoras de Lava Jato (Diario Gestión 19/01/2017)

Por el Economista Manuel Romero Caro,

¿Cómo operaba? Los niveles de sobornos y rentabilidad; y las similitudes con el caso peruano.

Como no debería de extrañar a nadie tratándose de las mismas constructoras que desarrollaron un esquema mafioso con Petrobras (PB), cuando estas pasaron a operar al Perú habrían seguido la misma “metodología”.

Según la manifestación al juez de Paulo Roberto Costa (PRC), exdirector de Abastecimientos de PB (1), los grandes contratistas se reunían y decidían quién se iba a quedar con cada una de las obras, con cada contrato, y cuál sería el porcentaje que se otorgaría por sobornos. Solo después de esos acuerdos previos presentaban propuestas cercanas al precio máximo aceptable por la comisión de licitación. Para no mencionar los adicionales que inflaban los costos, casi siempre necesarios por fallas en los proyectos básicos.

Según Mauricio Mulder, el secretario general de ProInversión ha declarado a la comisión LJ que quedaron sorprendidos cómo los brasileños coordinaban entre sí, a tal punto que se presentaban para cualquier obra varias empresas, y las menores se retiraban para dejar sola a Odebrecht (Odb). Es decir, simulaban una competencia (2).

PRC explicó que sobre cualquier presupuesto, el empresario que prestara ese servicio para PB estimaba un margen de utilidad que variaba entre 10% y 20%. Sobre ese valor le adicionaba de 1% al 3% al precio final; y después transfería este último porcentaje al grupo político al que en ese momento le “perteneciera” la directoría responsable de PB; en este caso de Abastecimientos. La regla era clara.

Si una determinada empresa no aprobaba el sobreprecio o la “propina” para el grupo político; no sería llamada para las próximas licitaciones y el director a cargo de la operación en PB le crearía problemas en el contrato correspondiente: no lo aprobaba; había atrasos; no se aprobaban las adendas para los adicionales. En otras palabras, asfixiaban a la empresa. Como en este esquema todos ganaban, la corrupción se institucionalizó y se practicó en todos los contratos y obras de PB.

Del 3% destinado a los políticos; 1/3 se quedaba con el partido al que “pertenecía” la directoría y 2/3 se iban para el PT. Alberto Youseff era el operador financiero, siendo su responsabilidad recibir el dinero de los contratistas en las cuentas de sus empresas de fachada; enviar una parte de los fondos al exterior y entregar otra parte en efectivo, en Brasil. Y él se quedaba con el 30%.

El lavado

Lo que hacían las constructoras era cerrar contratos con empresas “de fachada” que simulaban la prestación de servicios de consultoría. Ellas emitían “notas frías” y recibían depósitos millonarios. Y ese era uno de los principales caminos para el pago de sobornos.

En los contratos encontrados por la Policía Federal en las oficinas allanadas, las consultorías se definían por nombres genéricos para ocultar el verdadero objetivo de las transacciones. Y el valor de los servicios se establecía sin criterios tangibles, rendición de cuentas o contra la demostración de resultados (1).

Al financiar ilegalmente las constructoras las campañas electorales de numerosos políticos, al llegar estos al poder tenían “cancha libre” para poder diseñar los proyectos de acuerdo a su conveniencia, y sin tener responsabilidad porque todavía no se había otorgado la buena pro. Proceso muy similar a la “metodología” empleada aquí al solicitar exoneraciones de los estudios de preinversión o SNIP(*), lo que daba pie a las adendas que terminaban inflando significativamente el presupuesto original.

* Craso error de creer que el SNIP es lo mismo que la fase de preinversión  en donde se ubicaban los estudios de preinversión (Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad para los año 2004-2009.

Asimismo, les permitía transferir estas responsabilidades a los funcionarios públicos. Por ejemplo, el 20.07.2015 escribí un artículo “Los pecados de Odebrecht”; dos días después Gestión publica una carta de Odb en la que argumentan que mi frase “los principales proyectos de Odebrecht han sido exonerados del SNIP” es falsa. Porque “es el Estado, a través del MEF, el que determina la pertinencia de pasar un proyecto por el SNIP(**). Luego se convoca a concurso público y, finalmente, se otorga la buena pro. No al revés, como pretende hacer parecer”.

(**Aseveración falsa, al no estar establecido por el marco de la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública y demás normativa, aún vigente)  

En palabras del contralor, “es una corrupción que no la podemos detectar porque es previa al proceso de contratación. Si yo quiero ganar una obra hay un arreglo antes, donde se decide a quién le vamos a dar el futuro contrato”.

Las reglas

Las “reglas” del club fueron elaboradas por Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC. Y para evitarse problemas se utilizaba una redacción “futbolera”. Es así que se establecía que en el campeonato nacional participarían 16 equipos (contratistas), aunque se dejaba constancia de la preocupación por dejar participar a las “categorías inferiores”. Dejándose muy claro que el objetivo final era preparar a los equipos para las competencias internacionales.

El club tuvo una composición variable en el tiempo. En una primera etapa, que debe de haber durado hasta mediados de la década del 2000, solo la integraban 9 contratistas. Aunque posteriormente se amplió a las 16 principales constructoras.

Según las manifestaciones de PRC, nunca una empresa dejó de pagar los sobornos. Ya que eran las mismas empresas que participaban en otras obras públicas en Brasil. Por lo que si se creaba problemas en un lado, se estaba creando problemas en otro. En otras palabras, si no pagas, no tendrás obras. Es imprescindible liquidar de raíz este esquema mafioso para que no pueda volver a repetirse en nuestro país.

(1) Las informaciones de Brasil vienen de diversas publicaciones de ese país y del libro “Lava Jato” de Vladimir Netto. 

(2) Mauricio Mulder en Perú 21 del 17.01.2017.

“Consigo el proyecto y con la adenda que lo arregla todo, me genera renta”

José Luis Guasch. Ex Jefe del Equipo de Expertos del Banco Mundial y Director del Programa de las Asociaciones Público Privadas (APP). Profesor de la Universidad de California, San Diego.

Por Humberto Campodonico...

-Se sabe que los contratos de APP (Asociaciones Público Privadas) se otorgan sin estar debidamente preparados, por lo que se recurre a adendas, lo que lleva a la corrupción. ¿Qué nos puede decir?

Primero, debo decir que soy un creyente de las APP como instrumento de desarrollo y en particular para cerrar la brecha de infraestructura de muchos países emergentes. Un tema central son las restricciones en el financiamiento que suelen tener los gobiernos, de allí la necesidad de conseguir financiamiento por fuera. Otra ventaja es el tema del mantenimiento y la rehabilitación. Muchas obras están en bastante mal estado y eso es generalmente porque los gobiernos, por varias razones, no asignan los presupuestos necesarios para mantener la infraestructura. Las APP eliminan ese problema porque tienen interés en mantenerlas bien.

-¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran cuando se decide suscribir las APP?

El problema número 1 es cómo se identifican y estructuran los proyectos que, muchas veces por razones políticas, no se cocinan bien y se lanzan de una manera muy prematura, con estudios poco definidos y eso genera mucha incertidumbre. Por eso requieren adendas. Algunas son muy necesarias porque los proyectos no han sido trabajados, por ejemplo el metro de Lima, que no tiene un trazado. No se hace una estimación y eso genera la necesidad de adendas.

-Entonces el proyecto debiera lanzarse cuando la ingeniería tenga, por lo menos un grado 3 donde la posibilidad de malos estimados sea menor (los grados van del 1 al 5, siendo 1 el más avanzado, pues tiene ingeniería de detalle, mientras que el grado 5 alude a estudios “de gabinete”). El metro de Lima no tenía nada.

Exactamente.

-Pero eso no coincide con los plazos electorales….

Así es. Cada presidente quiere cortar la cinta. El típico ejemplo fue la IIRSA Sur. No pasó por el SNIP. Y poco después se generó la adenda. Es lo que llamo un campo fértil para el oportunismo del privado y también la corrupción. Pero a veces no son lo mismo..

-¿Cuáles son los problemas en la asignación de los proyectos de las APP?

La problemática es la siguiente. Tienes un proyecto que sale a licitación y las empresas se preparan. Una forma es hacer un buen estudio, una buena apuesta, presentarse y a ver qué pasa. Otra forma es el tema corruptivo, tipo Odebrecht, donde lubricas el sistema, para asegurarte que vas a conseguir el proyecto, lo que se hace cocinando las bases, consiguiendo gente que pueda descalificar a otros participantes o que lo estructuren de tal forma que disuada a otros inversionistas. Y luego está la otra forma: muchos proyectos para evitar la problemática de la corrupción se han estructurado con un factor de competitividad a variable única, que implica que debes presentar un sobre técnico donde muestras tu experiencia y otros factores. Y, sobre esa base, apruebas o no apruebas. Esto se hizo para superar la presentación de un polinomio de variables al que se le asignan diferentes pesos, lo que era muy subjetivo y daba espacio para la corrupción de los funcionarios (te pongo 4 acá, 5 acá, 1 por allá).

Parece que espacios de corrupción hay por todas partes…

Para evitar lo anterior está la variable única. Gana quien presenta la menor tarifa y allí lo que ocurre es que la estrategia de algunos inversionistas es presentar ofertas temerarias, que desde el día 1 no ganan plata, no tienen una tasa de retorno apropiada. La idea es “consigo el proyecto y de allí me voy a la adenda que lo arregla todo y me genera la renta”. Es lo que ha pasado en Chinchero.

-En el DL 1252 que acaba de aprobarse se dice que las adendas “se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”. ¿Le parece bien?

Sí y no. No se pueden eliminar las adendas por decreto porque hay algunas que son necesarias, verídicas y válidas. Por ejemplo las vinculadas a los temas de expropiación de tierras y derechos de vías. Eso genera demoras.

-Cierto. Pero también se dice que en el aeropuerto Jorge Chávez hay funcionarios que no expropian por “alguna extraña razón” lo que hace que el concesionario no pueda invertir en la ampliación. Mientras, el concesionario hace caja por factores “ajenos a él”.

Justamente. Cualquier adenda te abre oportunidades para transferir rentas. Si tenemos proyectos mejor cocinados, incluyendo temas de expropiación, se va a generar menor necesidad de adendas muy focalizadas.

-En el Perú hay más adendas que en otros países y también en plazos cortos desde la firma del contrato, ¿qué nos puedes decir?

En los países de la región el promedio es que se renegocien el 50% de los contratos. En el Perú es el 80% y el promedio es de 3 adendas por contrato. La reina de la fiesta es la IIRSA sur que tuvo 22 adendas. El sector transporte ha sido el más efectivo con 104 adendas en 30 proyectos

-¿No te parece que el Comparador Público Privado (CPP), que sirve para determinar si un proyecto se hace como obra pública o como APP, puede ayudar a resolver ese problema? Se trata de asignar los recursos escasos ahí donde sea más conveniente.

La legislación peruana al principio sí la consideraba. Pero se cambió y está bien. Porque el CPP es un número, un instrumento cuantitativo que depende de cuanta información previa tienes. Y no se tiene mucho. Por tanto, así como han hecho en otros países, yo iría más por los instrumentos cualitativos.

-Entonces para ti debiera usarse, pero solo como un elemento más …

Efectivamente.

-Ha habido una cantidad importante de recursos fiscales por el alza de precios de las materias primas. Entonces para muchas de estas obras públicas donde no hubiera restricción de financiamiento, ¿no sería bueno hacer una carretera como obra pública y licitar el mantenimiento y la rehabilitación con un peaje?

Eso se puede hacer también. Eso ya existe y ahí la cuestión es decidir cuál es la estructura más idónea. De todas maneras los techos para financiar obra pública han sido bastante restringidos. Entonces, la asunción de una decisión es una combinación bastante inteligente entre obra pública y APP. Hay condiciones que dicen: esto tiene sentido como APP y esto no. Y al final se decide. Que todo tenga que hacerse como APP es una mentira podrida.

-Vayamos a los Ingresos Mínimos Garantizados (IMG), que es uno de los temas más controvertidos. En el Camisea inicial hubo IMG para el gasoducto, la Garantía de la Red Principal, que incluso se le pagó al inversionista antes que se concluya la obra. También hubo incentivos en la parte de explotación del Lote 88. Pienso que está bien porque es una industria naciente: en el Perú no había gas y, por tanto, tampoco demanda de gas. Sin ese impulso inicial del IMG, el gas se quedaba enterrado. Pero en otros proyectos no tiene por qué otorgarse el IMG. ¿Qué piensa?

Concuerdo que los IMG deben formar parte de un paquete de opciones. En algunos proyectos tiene mucho sentido, en otros menos. Sobre todo en los novedosos, cuando hay carencia de conocimientos, cuando no se sabe el nivel de demanda, las inversiones y el nivel de conocimiento del país.Dos ejemplos de IMG: Corea del Sur y Chile. Al principio lo usaron. Después Corea lo prohibió y Chile, no, pero casi no lo usa. ¿Por qué? Porque al inicio los inversionistas no conocían al gobierno ni su credibilidad. Pero cuando eso ya existe, entonces, no es tan necesario. Yo creo en los IMG, pero con bandas de ingresos para saber si se aplica o no. El problema siempre ha sido que hay una estructura asimétrica. Yo me he peleado mucho en los contratos porque siempre se habla de efectos adversos al concesionario y hay que compensarlos. Pero eso no ocurre cuando son adversos al concedente, es decir al Estado.

-Actualmente el total de la inversión pública es el 5.4% del PBI, unos US$ 10,000 millones. El gobierno plantea que el monto de participación de las APP, que en promedio ha sido el 8% de ese total, ahora se eleve al 25%. ¿No es ese un gran incentivo para que los privados deseen hacer obra pública con las APP?
Hoy en día la mayoría de los proyectos ya no son autosostenibles, donde la propia demanda paga la inversión, como es el caso de los puertos y las principales carreteras, que eran las joyas de la corona. Ahora la mayoría de los proyectos, el 80%, son cofinanciados, o sea que la APP pone el dinero de la inversión, o sea le presta al gobierno, y después se le reembolsa. Por eso es importante el registro de los pasivos contingentes porque te van a generar unos compromisos fiscales a futuro. El problema que tenemos es que el Perú tiene los mecanismos más generosos del mundo para el repago de esa inversión. Siempre me peleo con mis amigos de AFIN, o lo malentienden o lo manipulan en cierta forma, de que deberían prenderle velas al Señor de los Milagros por ese mecanismo generoso.

-Son los Pagos Anuales por la Obras de Inversión…

El concepto original de APP era a través del financiamiento del proyecto (Project Finance), donde la recuperación de costos se hace durante el periodo de vida del proyecto, que pueden ser 15, 20 o 30 años. En el Perú, con la IIRSA Norte se trajo el sistema de los RPI (recuperación de la inversión) y de los PAO (Pago Anual por Obra) donde el Estado le va pagando con un bono (que tiene garantía soberana) a la APP, a medida que va avanzando las obras. Así, de hecho, lo único que la APP necesita para comenzar el proyecto es el 10% de la inversión

-Claro, porque todo el resto se lo van a ir reembolsando igual apenas lo invierta…

Esto no ocurre en la mayoría de los países que tienen APP. Aquí se te garantiza el pago por avance de obra, por lo cual conseguir el financiamiento es de alguna manera trivial. Eso es fantástico para las APP y me preocupa porque el financiamiento se debe hacer a medida que se concreta el nivel de servicio. Pero aquí se hace por nivel de hito de obra (por meta alcanzada). O sea, si la APP ha construido el 10%, se le paga. Si la obra todavía no funciona, eso es secundario. Por tanto, estas formas de pago son anatema a lo que es el espíritu de las APP que es un “Project Finance”: tú haces el proyecto y yo te pago anualmente, cuando esté funcionando, durante el periodo del vida de la concesión. Aquí no. Aquí la APP construye y va recibiendo la plata.

-Pasemos a otro tema. Veo en los Decretos Legislativos una voluntad de mejorar las APP, pero no veo lo mismo para mejorar la calidad de la inversión pública propiamente dicha. Si no hay ese dinamismo, la inversión pública va a depender cada vez más de las APP.

Creo que hay una preocupación e inquietud y hay un proceso de mejorarlo desde el gobierno pasado la evaluación de riesgos, en la selección de proyectos, en el tema de los costos unitarios de la inversión pública y el tema de la fiscalización. Está en la agenda. Veamos hasta dónde llegan.

-Si las APP van a aumentar de 8% a 25% de la inversión pública, el sector privado va a ver en las APP una especie de tabla de salvación, ahora que está de bajada la inversión privada. Si hay más competencia, ¿tendremos más oportunismo político como en Chinchero? ¿No debiera haber una amplia discusión pública sobre las APP en el Congreso, en los colegios profesionales, en las universidades y en la sociedad civil? ¿No debieran analizarse las APP de una manera integral, lo que incluye el diseño del proyecto, el avance de la ingeniería, las adendas, el financiamiento, la tasa de interés y el ingreso mínimo garantizado?.

Efectivamente. En eso se avanzó con el gobierno anterior. Hay que eliminar la corrupción pura y dura, como la de Odebrecht. Por tanto, hay que asegurar los procedimientos previos. No hablo de blindar el proyecto pero sí de mejorar. En primer lugar, priorizar los proyectos; dos, que los proyectos estén bien preparados, aunque tome un poco más de tiempo, va a servir para mejorar el coste fiscal. Y un tema que me preocupa acá es el cambio que hubo en la asignación de riesgos. Hay que poner claramente en la ley que esta no puede ser modificada con una adenda. ❧

Caso Chinchero: “Se transformó en obra pública disfrazada de APP”

-Cuéntanos del proyecto Chinchero en el Cusco.

Existe el oportunismo político que se utiliza como “leverage” (palanca) por parte de los privados para mejorar su posición. El proyecto del aeropuerto de Chinchero es un ejemplo. El fondo de pagos máximo se estableció en US$ 457 millones y el consorcio ganador ofertó US$ 265 millones, mientras que los otros dos postores ofertaron US$ 411 y 348 millones, respectivamente. Así, el ganador de la licitación rebajó el monto máximo en US$ 192 millones. Las otras dos ofertas fueron 40 a 50% superiores a las del ganador.

Luego curiosamente, el ganador dice “se me ha caído el esquema de financiamiento, el equilibrio económico – financiero y quiero mejorar los términos del contrato”. Me parece una barbaridad que se ponga eso de “mantener el equilibrio económico – financiero”. Ha creado 100 problemas en todo el mundo porque se manipula. Si el constructor de tu casa te dice eso, tú puedes llamar a otro, pero no es lo mismo con el aeropuerto. Aquí remontar la licitación es bien complicado y los tiempos mandan. Es el oportunismo político.

La nueva adenda que está por aprobarse (ya fue aprobada) cambia la asignación de riesgos, porque el contrato original dice que el riesgo financiero era del concesionario (tenía que conseguir el dinero) y ahora se pretende transferirle el riesgo al gobierno, porque el pago es un adelanto que da el gobierno.

En Chinchero, el gobierno, a partir del sexto año, iba a reembolsar la inversión realizada. Ahora el gobierno le está dando al concesionario, por adelantado, US$ 60 millones para comenzar la obra. Y de allí en adelante le va a ir dando, de 10% en 10%, todo lo que vaya invirtiendo. 

-Entonces, si el gobierno va a financiar el aeropuerto, ¿por qué el gobierno no hace la obra y después la concesiona para la operación y mantenimiento?

Exactamente. Esto se ha transformado en una obra publica disfrazada de APP. ¿Y por qué lo han hecho? Otra vez, por los tiempos. Lo correcto para mí hubiera sido decir, señores, ustedes se comprometieron a un contrato con la necesidad de tomar ese financiamiento en esas condiciones. No han sido capaces. Lo siento. Les cobro el bono de desempeño y vuelvo a licitar el proyecto. Pero eso va a demorar el proyecto, como mínimo, 12 meses más. Y el programa de PPK ha sido destrabar y hacer proyectos.

-Le dicen “agilizar”

Y esto lo sabe el privado. Esa adenda no debía firmarse. Es oportunismo político y viene de una oferta temeraria y agresiva. Pero qué ocurre. Hay manejo político, ojo, no es corrupción. Los inversionistas se aprovechan de que el gobierno se ha comprometido a destrabar y a hacer el proyecto.

Es muy difícil deshacer una APP. En el mundo solo 3% de los contratos con APP han sido disueltos en los 30 años de historia que tenemos. Pero si el gobierno está en una buena orientación, se acaban las apuestas agresivas. Pongo un bono de desempeño que muerda, que tenga un valor alto. Entonces, si no cumples, ahí está tu riesgo. Ahora te las ves.

¿Podrá cambiarse todo un Sistema de Inversiones en poco tiempo?

Desde hoy quedan exactamente un mes para presentar el reglamento al nuevo "Cuco" o por lo menos al nuevo Sistema Público de Inversiones "Invierte.pe", nombre corto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones según el DL N° 1252 de la delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República al Ejecutivo.

Digo esto por que con todo lo ofrecido para los proyectos de inversión, amén de mencionarse la prioridad de "Brechas Sociales" sobre "Servicios al ciudadano" como versa el actual año fiscal 2017, me pregunto:

• ¿Qué va a pasar con un PIP en ejecución actualmente?
• ¿Si existen Modificaciones en la fase de inversión, qué procedimientos habrán sobre ello?, ¿seguirán los formatos de modificación?, ¿cuál sería la valla que habría que permitirse para analizar la preinversión y su impacto en la inversión?, por que si no tenemos ello muy claro... tendremos variaciones nada deseadas como el caso de la Carretera Interoceánica cuyo monto inicial de $820´000,000.00 subió a $2,800´000,000.00.
• Ahora, ¿cómo es que las OPI, la propia DGIP o la DGPMI ahora, realizarán la programación de la inversión pública, si esta se hará a través de inversión imprecisa de la preinversión, pues estas no son más que una ficha en su mayoría?...
• ¿Quien o quienes fueron los genios que se les ocurrió persuadir de esta manera al Presidente desde su campaña?, pues debieron ser intereses sesgados puntualmente por las desesperadas constructoras, que hoy están muy de moda (caso LAVA-JATO por ejemplo)
• ¿Qué criterios existirán para decidir si se llega a un estudio de preinversión cuyo objetivo es reducir la incertidumbre de inversión del estado, es decir, que se hará para decidir una ficha o un estudio completo?
• Las brechas son una necesidad, pero ¿Quién financiará la obtención de información que no ha sido trabajada en muchísimas partes del Perú?
• ¿En verdad necesitó suprimir los estudios de preinversión como menciona el DL 1252?
•  ¿Cómo aplican las intervenciones o gastos marginales para el servicio público a intervenir?... ¿se incluyen acaso los inmuebles, los equipamientos solamente, las capacitaciones quizás?
• ¿Qué sectores son más proclives de aplicar a ficha de preinversión y cuáles a los estudios de preinversión completos?
• ¿Continuarán sirviendo los manuales, guías, lineamientos, anexos, formatos, líneas de corte y demás instrumentos técnicos y normativos del "fenecido SNIP"?  
•  ¿El Banco de Proyectos seguirá siendo la tragedia tecnológica que ha sido a nivel nacional, sobre todo en horas punta?, ¿ habrá quizás uno mejor?....

Y podríamos hacer un tratado de interrogantes, pero luego continuaremos con esto... pero sinceramente no creemos que se vean cambios sustanciales en las siguientes cuatro semanas... 

El misterio de la inversión, por Roberto Abusada

Roberto Abusada Salah
Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

“El presidente y su gabinete tienen la difícil tarea de hacer crecer la inversión en medio del deterioro institucional”.

La inversión en el Perú ha caído de manera estrepitosa por tres años consecutivos; un misterio que reclama una investigación forense en que se requiere apelar no solo a la economía, sino a otras disciplinas como la psicología, la ciencia política y la psiquiatría.

Y es que en el 2016 el país invirtió US$10 mil millones menos que tres años antes. Se trata de un tóxico fenómeno que desafía una explicación sencilla. El Perú no se encuentra en falencia económica; por el contrario, goza de una fortaleza envidiable: baja deuda pública, nivel de inflación controlado, altísimas reservas internacionales y déficit público reducido. Y ni qué decir de su amplio acceso al crédito internacional; basta ver la avidez con que inversionistas extranjeros compran bonos en soles. Mientras sus pares sufren rebajas en su calidad crediticia, el Perú mantiene su excelente calificación. Súmese a lo anterior la solidez del sistema bancario y la existencia de un Banco Central independiente de clase mundial.

¿Será que faltan proyectos de inversión? Claramente no. Respecto de nuestros vecinos, el Perú está atrasado en infraestructura de todo tipo; bancarización, retail, servicios de salud y educación, digitalización y muchos otros aspectos que definen a las sociedades que progresan. Tal atraso se observa no solo en comparación con Chile, Colombia o México, sino también respecto del cercano y pequeño Ecuador. La agencia de promoción de inversiones, Pro Inversión, está atiborrada de proyectos factibles de todo tipo incomprensiblemente frenados por el gobierno anterior. Los gobiernos regionales y locales poseen miles de proyectos que cuentan con financiamiento y la aprobación del fenecido SNIP.

Develando este misterio encontramos a un Estado disfuncional, una burocracia inoperante y la degradación de la política. ¿Si no cómo explicar que, por ejemplo, el Estado se haya demorado dos años en autorizar la compra del material rodante para el servicio colapsado en la línea 1 del tren? ¿Cómo entender que para comunicar la capital con el centro del país no existan al menos dos vías en óptimo estado, o que la Panamericana no tenga aún doble calzada de Tumbes a Tacna? ¿Cómo justificar la pésima dotación de agua potable y saneamiento en todas las ciudades del Perú?

A la pobreza institucional que ahoga la inversión se ha sumado la arbitrariedad política. Allí están los casos protagonizados por el MEF bajo la administración Segura/Heredia, o la actual alcaldía limeña. Gracias a ellos Lima no puede modernizar su sistema de transporte al no contar con un sistema unificado de cobro de pasajes sin el cual es imposible que los transportistas formales adquieran buses modernos. El actual alcalde también frena la iniciación de las obras para prolongar la avenida Paseo de la República hasta la Panamericana Sur. ¿Piensa acaso que diez mil deportistas de los Juegos Panamericanos disfrutarán paseándose cuatro horas cada día yendo y viniendo por el ‘Boulevard Huaylas’ para acceder a la Villa Olímpica de Villa El Salvador? Caso similar sucede con la megaobra de Javier Prado.

Ejemplos como estos se repiten en muchos municipios y gobiernos regionales, en los cuales compiten la corrupción con la ineptitud en pos de impedir el crecimiento.

El año pasado la inversión privada, otrora motor principal del crecimiento, el empleo y la disminución de la pobreza, cayó más de 6%. Si al menos hubiera permanecido estancada (crecimiento cero), el crecimiento del país habría sido 5,2% en lugar del 3,8% que pronto se nos anunciará.

El presidente Kuczynski y su gabinete tienen ante sí la difícil tarea de hacer crecer la inversión pública y privada en medio del deterioro institucional y el peso de una burocracia indolente. A ello se añadirán las secuelas del episodio de corrupción de las empresas brasileñas, y el aprovechamiento político para satanizar todas la APP.

Todo el esfuerzo deberá concentrarse en hacer que la inversión privada crezca al menos 5% y no cero, como predice la mayoría de los analistas, ya que de materializarse esas predicciones el crecimiento del 2017 sería de solo 3,1% y cero en disminución de la pobreza. La contribución al crecimiento de todos los demás componentes del PBI es fácilmente predecible: el consumo privado y el consumo público proveerán, respectivamente, 2,1 y 0,5 puntos porcentuales al crecimiento. Un rebote de 6,5% de la inversión pública, luego de 3 años consecutivos de caída, sumaría otro 0,3 y las exportaciones netas agregarán un 0,2 adicional para arribar al 3,1%. Lograr que la inversión privada (que equivale a casi un quinto del PBI), lejos de estancarse, suba en 5%, elevaría ese flojo 3,1% a un decoroso 4,0%. Una tarea titánica pero imprescindible.

El déficit fiscal en detalle

El déficit público cerró en 2,7%. Se ejecutaron S/4.000 millones menos de lo previsto para inversión pública.

Esta semana, el Banco Central de Reserva publicó su resultado preliminar de déficit fiscal del 2016, el que se ubicó en 2,7% y estuvo 0,3 puntos porcentuales por debajo de la meta fijada por el actual gobierno. Este resultado abre nuevamente la discusión que tuvo en setiembre el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, con su predecesor, Alonso Segura, sobre cuál era el estado real de las cuentas fiscales luego de la transición. Mientras el ministro Thorne aseguró que, de no tomarse las medidas necesarias, el déficit fiscal cerraría en 3,8% (de acuerdo con una proyección pasiva hecha en setiembre, aclara ahora el MEF), Segura afirmaba que la trayectoria que se había fijado para el déficit lo llevaría naturalmente a 3,0%.

“Ese 3,8% era un número que no se ajustaba a la realidad, era imposible. El 3,4% al que se llegó en agosto tenía que bajar por razones que señalamos en su momento. Había gastos muy fuertes por El Niño a fines del 2015 y estaba la subejecución normal que se da por cambio de gobierno, particularmente en el último trimestre del año. Todo esto te llevaba a converger al 3,0% sin ningún problema”, señaló el ex ministro a El Comercio.

En este contexto, el gobierno decidió aplicar un ajuste fiscal. En aquel entonces, se decidió que el ajuste sería principalmente sobre el gasto corriente –bienes y servicios– y no sobre gasto de capital –inversión pública–. Sin embargo, fue otro el desenlace. 

Las razones

En el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (2017-2019) –documento en el que se fijan las proyecciones económicas del gobierno– se revisaron las cifras estimadas por el MEF en abril y se proyectó que los ingresos corrientes del gobierno general se reducirían de S/130 mil millones a S/124 mil millones, el gasto corriente se mantendría en S/102 mil millones y el gasto de capital caería ligeramente, de S/35 mil millones a S/34 mil millones. No obstante, las cifras preliminares publicadas esta semana por el Banco Central de Reserva difieren. Los ingresos fueron solo S/121 mil millones, el gasto corriente se redujo a S/100 mil millones y la inversión pública sumó S/4.000 millones menos de lo planificado y alcanzó S/30 mil millones.

Fuentes del MEF explicaron a este Diario los motivos de este subcumplimiento de 0,3 puntos porcentuales sobre la meta establecida en la trayectoria fiscal. En primer lugar, hubo una mayor cantidad de “devoluciones” de lo esperado. Se proyectó que representarían 2,4% del PBI y terminaron en 2,5%. Al respecto, Segura señaló que las mayores devoluciones son un fenómeno temporal que se absorbe de manera natural sin necesidad de ajustar aun más el gasto.

En segundo lugar, el MEF cita un “embalse de mayor gasto”, es decir que gran parte del presupuesto ya estaba comprometido por el gobierno anterior, lo que generó una demanda adicional de recursos que representó el 0,3% del PBI. Esto ya que imposibilitaba que las nuevas autoridades reasignen partidas en función a sus prioridades. A esto se sumó el efecto que tuvo el recorte del gasto de 0,4% en el presupuesto de los ministerios.

Otro factor fue que hubo una menor ejecución de inversión pública por parte de los gobiernos subnacionales, lo que el MEF atribuye a que estos decidieron posponer el gasto para ejecutarlo a través de Invierte.pe. Finalmente hubo una anulación de gastos por parte del BCR “indebidamente devengados” que representó un 0,1%. 

A esto, se suma que el 21 de diciembre el gobierno recibió un ingreso extraordinario por la venta de Línea Amarilla, que representó 0,15% del PBI, monto que se esperaba que ingresara recién en el primer trimestre del 2017.

El resultado de esto es que hoy por hoy la ejecución de la inversión pública del gobierno nacional se desplomó en 11,6% y el gobierno espera un monto de “arrastre” de S/4.000 millones –que en el 2015 fue de alrededor de S/2.500 millones– para asegurar la continuidad de las inversiones. Estos serán financiados mediante un crédito suplementario al no estar contemplados en el presupuesto del sector público del 2017.

Según Carlos Casas, economista de la Universidad del Pacífico, “el ajuste parece haber sido excesivo”, aunque dice que cerrar el año por debajo de la regla no es necesariamente malo. No obstante, “lo que se vio fue una parada del gasto corriente, lo que evitó que se contratara gente que al inicio de un gobierno es crucial”.

Por otro lado, la inversión pública no creció por falta de capacidad para ejecutar gasto, no por el ajuste, explica Casas y “ello es preocupante porque refleja un tema estructural y no coyuntural”. Asimismo, advierte que la migración al nuevo sistema Invierte.pe también podría impactar en el ritmo de ejecución este año.

A ello, se sumaría el efecto que tendrá el desenlace del caso Odebrecht, que podría impactar en los tiempos en que se evalúa a los postores o en los procesos de adjudicación, afirma Flavio Ausejo, especialista en gestión pública de la PUCP. 

Segura advierte que el mayor problema de esto se va a sentir en el crecimiento de la economía: “Se va a notar en el cuarto trimestre (especialmente en diciembre), pero también va a afectar los primeros meses del 2017 (por devengados no ejecutados en obra física). Un sobreajuste de 0,3% del PBI en un trimestre equivale a más de 1,2% de impacto en el PBI del trimestre. Y recordemos que el gasto de capital tiene un multiplicador mayor a 1”.

Sin embargo, el actual MEF afirma: “Hoy por hoy, la principal variable que afecta el crecimiento económico es la inversión privada, que equivale al 5% del PBI. El año pasado la inversión privada habría caído 6,3% y restó 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PBI”.

A pesar de esto, el ex ministro Segura no prevé un mal 2017, dado que existen varios miles de proyectos que ya fueron preaprobados y que pasaron por el SNIP, lo que puede ayudar a ejecutar el ‘stock’ de proyectos previstos para el 2017.

Segura sobre el nuevo enfoque del "evolucionado SNIP" en Invierte.pe

El ex ministro indicó que la eliminación de la etapa de estudios del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)solo generará más corrupción y proyectos sujetos a sobrecostos.

Estupideces de un carga montón al SNIP sin sentido...

El peruano es bueno para echarle la culpa al otro de sus propios errores, es bueno evadiendo responsabilidades; nunca o quizás contadas veces, vas a escuchar a un peruano asumir su responsabilidad y decir: "No estuve a la altura de las expectativas", "me faltó considerar aquello", o "se me fue la idea", etc. , siempre es culpa del otro, "no me entendieron"...

El alcalde de Jauja Ivan Torres dijo ante la agencia Andina lo siguiente:

“Tuvimos que elaborar, por separado, un proyecto para el mejoramiento de la vía, otro para rehabilitar por completo la red de agua potable y alcantarillado, y otro para construir un sistema de drenaje para lluvias. El SNIP no nos permitía integrar en un solo proyecto estas tres obras que tienen que ver con la vía de acceso y a la vez de una adecuada provisión de servicios básicos”

Respondemos:

1. ¿Hasta cuando vamos a elegir a gente sin preparación académica por lo menos para dirigir los destinos de nuestras comunidades?, por que es necesario tomar en cuenta ello.  
2. ¿Qué tuvo que ver el SNIP para no haber desarrollado un programa de inversión que formula una municipalidad?, ese fue diseño de su equipo profesional, no existe, no ha existido, restricción alguna al respecto, más aún si es multisectorial, el SNIP no determina las estructuras funcionales programáticas, eso obedece a otros criterios y está asociado a la planificación del estado, del cual además, aplica al Sistema de Presupuesto.
3. Es decir la EFP de Saneamiento cómo podría juntarse en un sólo proyecto con transporte, es muestra de un gran desconocimiento, del funcionamiento de los sistemas administrativos del estado.
4. Sugerimos un mejor asesoramiento o ponerse a revisar las normas al señor alcalde. Se requiere gente preparada, es lamentable ese nivel de ignorancia, es como que el Capitán de un Barco desconozca un protocolo de seguridad náutica.
5. Finalmente, ¿en qué parte del DL 1552, del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - denominado de forma no sustentada como Invierte.pe (3 páginas), ha visto o leído que no se aplicará los mismos criterios de formulación a estudios de preinversión, incluso eso aún no se ha reglamentado. Y o que es más interesante ahora los fomuladores declararán viable su propio PIP.
6. Lo peor de todo es que este tipo de declaraciones dejan mal parada a la clase política ante los ojos de profesionales que manejan estos términos desde que el SNIP estuvo vigente ..Junio del 2000...       

Odebrecht habría causado al Perú perjuicios por US$283 millones

Contralor presenta informe sobre acciones de control realizadas a 16 proyectos entre 1998 y 2015.

Fue un perjuicio de millones de dólares. El contralor Edgar Alarcón informó ayer que, como resultado de las acciones de control realizadas a 16 obras ejecutadas por Odebrecht entre 1998 y 2015, su entidad ha detectado que se habría ocasionado un presunto perjuicio económico al país de aproximadamente US$283 millones por irregularidades.

Alarcón ofreció una conferencia de prensa en su sede institucional y destacó que la constructora tuvo participación en 23 proyectos en el periodo señalado, los cuales comprometen una inversión de US$16,940 millones.

Mencionó que, entre las observaciones que en su oportunidad detectó la Contraloría, destaca el incremento del 93% de la inversión inicial estimada.

En este punto, manifestó que se convocó a concurso sin cumplir con los requisitos técnicos legales exigidos por el SNIP y se adjudicó la buena pro sin contar con el informe previo de la Contraloría.

Pero un detalle más alarmante resultó el incumplimiento de la cláusula 18 del Proyecto de Línea de Crédito donde el concesionario declara la inexistencia de procesos judiciales, cuando sí los tenía y fueron comunicados a Proinversión en mayo de 2005.

En el caso de IIRSA Sur, el titular del órgano de control señaló que el estudio de factibilidad revela que el costo por kilómetro de vías sin asfaltar supera, en promedio, en más del 100% a los costos por kilómetro en rehabilitación a cargo de Provías. Esto también fue informado a Proinversión en junio de 2005.

GESTIÓN DE OLIVERA

Consultado sobre la gestión de Fernando Olivera a favor de este proyecto ejecutado por Odebrecht, Alarcón confirmó que “el ex asesor del entonces presidente Toledo” visitó al ex contralor Genaro Matute acompañado de otras dos personas para explicar por qué debería autorizarse el proyecto pese a las observaciones.

Añadió que Matute no varió la posición de la Contraloría y meses después (25 de enero de 2006), el presidente Toledo promulgó la Ley 28670, con la cual se exoneró del SNIP a dicho proyecto y se eludieron otras observaciones.

Esta norma allanó el camino para la ejecución de los contratos a pesar de que la empresa tenía proceso abierto y estaba prohibida de participar, según el informe de la comisión que presidió Juan Pari.

La ley fue aprobada (Comisión Permanente) y promulgada por el Ejecutivo en el mismo día, el 25 de enero de 2006.

El proyecto fue presentado a las 4:45 p.m. del 24 de enero por el entonces legislador y dirigente de Perú Posible, Gilberto Díaz Palacios.

Al día siguiente, fue dispensado del trámite de comisión y aprobado por la Comisión Permanente sin mayor debate. Se envió la autógrafa a las 6:00 p.m. y la ley fue promulgada por el jefe de Estado y su primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, esa noche. El día 26 de enero se publicó.

TENGA EN CUENTA

El contrato suscrito con Odebrecht que representó el mayor monto fue el Gasoducto Sur con US$7,329 millones en 2014.

En el caso del Metro Lima Línea 1, se detectó un perjuicio económico por US$111’296,528.

El 23 de marzo de 2016, el Gasoducto no cumplió con el cierre financiero.

La Contraloría plantea la creación de una procuraduría y procuraduría ad hoc y juzgados especiales.

Critican que durante gobierno de Toledo se haya exonerado del SNIP a construcción de Carretera Interoceánica

El congresista aprista Jorge del Castillo criticó que durante el gobierno de Alejandro Toledo se haya exonerado del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a la construcción de la Carretera Interoceánica.

Para el parlamentario aprista, la norma, avalada también por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, permitió a las empresas constructoras brasileñas operar libremente en el país.

La respuesta de Peruanos por el Kambio llegaría inmediatamente: Mercedes Aráoz señaló que lo dicho por Jorge del Castillo también debería aplicarse al partido aprista, pues sus integrantes apoyaron en el Congreso tal dictamen.

Carlos Bruce, en tanto, descartó que la norma aprobada haya servido para favorecer a alguna empresa. Por el contrario, el ex ministro de Vivienda durante el régimen de Alejandro Toledo aseguró que la disposición favoreció la construcción de obras.

Por su parte, Gino Costa manifestó que lo dicho por Jorge del Castillo tiene un solo objetivo: restarle importancia al gobierno de García Pérez en la investigación del caso Lava Jato.