Haciéndole el túnel al SNIP

Peru

Las cuentas de Odebrecht.

En la primera parte de este reportaje revelamos que las cuentas de Odebrecht en las obras que IDL-R investigó se encarecieron en cientos de millones de dólares luego de ser adjudicadas. ¿Qué cosa tienen en común esos presupuestos con levadura?

Como ya se ha visto, las obras ejecutada por Odebrecht terminan costando mucho más de lo previsto. Pero hay un hecho en común que quizá ayude a explicarse lo anterior: la mayoría de concursos que ganó la firma brasileña no pasó por el control del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). Además, uno de ellos, el de la Interoceánica Norte, no contó con el visto bueno de la Contraloría.

No es un asunto de unos cientos de dólares sino de cientos de millones. Pareciera que el principio con el que operó el Estado en estos casos es que cuanto mayor es el costo de una obra, menor el control del dinero público.

De manera que el Estado entregó a ciegas las obras para que la ‘característica de incertidumbre’ de Odebrecht operara con toda certidumbre.

¿Les sorprende? Veamos la lista de exoneraciones:

-El 22 de agosto de 2003, el Ministerio de Economía (MEF) publicó un decreto supremo en el que se exceptuaba del control del SNIP a la construcción, operación y mantenimiento del Túnel Trasandino y a la primera etapa de la presa Limón del proyecto Olmos, es decir a la obra que un año después sería encargada a la empresa brasileña y que ahora se conoce como Trasvase Olmos.

-El 10 febrero de 2005, se publicó el Decreto Supremo 022-2005 que exoneraba del control del SNIP a los tramos 2,3 y 4 de la Carretera interoceánica Sur. El decreto lleva la firma del ex presidente Alejandro Toledo y de Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación encargado en esa fecha de la cartera de Economía y Finanzas (el nombre de Pedro Pablo Kuczynski, entonces ministro de Economía, no aparece en la copia que fue publicada en El Peruano).

-En marzo de 2010, el gobierno de Alan García exceptuó del SNIP a los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico. Semanas antes del cambio de mando de 28 de julio, IDL-Reporteros pidió una explicación al Ministerio de Economía por estas dos últimas exoneraciones pero nunca hubo respuesta. También se solicitó una entrevista con Carlos Giesecke, encargado de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía, que mantuvo un elocuente silencio.

-En 2004, la concesión de la Interoceánica Norte se saltó el informe previo de la Contraloría. Proinversión pidió la opinión de este organismo tres días antes de que se cerrara la licitación. El ex contralor Genaro Matute recuerda cómo actuó Proinversión: “Toda operación de ese tipo necesita de un informe previo de la Contraloría, sobre todo porque el Estado actúa como garante del préstamo con el que iban a empezar las obras. Pedimos toda la información a Proinversión y nos entregaron un CD con 1200 archivos. Era casi una burla”, afirma.

¿Cómo se decidieron estas exoneraciones? El propio Matute responde esta interrogante. “Las exoneraciones del SNIP se determinan con un Decreto Supremo, son una decisión política. Mientras estuve en Contraloría, nunca hubo un criterio técnico para pedirlas”, dice.

El ex contralor agrega que al no pasar por el SNIP los proyectos se quedan sin un estudio técnico definitivo. Es decir, no se sabe cuánto costarán realmente. “Lo que pasa en estos casos es que el expediente técnico siempre se deja abierto. El valor definitivo se calcula después de la firma del contrato (…) Es lo que pasó en el caso de IIRSA Sur. Aquí nosotros hicimos un informe negativo. Por eso mandamos las cosas a la fiscal, pero ella pasó por alto una serie de cosas”, refiere.

Matute explica que hay otro riesgo al no conocer el precio real de las obras: que una empresa pueda ofrecer un costo menor por un proyecto, solo para ganar el concurso, sabiendo que luego lo podrá encarecer cuanto quiera.

Prosperidades

Entre el 2006 y 2010, CDB Callao y CBD Melchorita consorcios integrados por Odebrecht y sus socios Saipem y Jan de Nul ganaron y construyeron los proyectos portuarios del Muelle Sur del Callao y Melchorita, en los que se invirtieron 949 millones de dólares. Odebrecht también tuvo a cargo el puerto de Bayóvar que tuvo un costo de 100 millones de dólares. (Ver cuadro 1)

El año pasado, obtuvo la concesión del proyecto de irrigación Olmos, para el que se destinarán 220 millones de dólares, y este año compró el 51% de acciones de Kuntur Transportadora de Gas, que desarrolla el proyecto de Gasoducto Andino del Sur. Además, empezó a construir la represa de Chaglla en Huánuco, donde invertirá 1200 millones de dólares que recuperará con la venta de energía.

Estas cifras dejan en claro que a la gigante brasileña no le ha ido nada mal con el ‘principio de incertidumbre’ en el último decenio. Teniendo en cuenta sobre todo que en 2001 sus contratos en el país solo llegaban a los 3 millones de dólares, de acuerdo con sus propias cifras.

El año pasado, Odebrecht informó sobre su interés en la construcción de seis hidroeléctricas en la selva del país. “El Perú tiene un potencial de aproximadamente 60.000 MW de energía renovable hidroeléctrica, de los cuales utiliza solamente el 5%; en caso el Estado y las comunidades deseen explotar estos recursos con sostenibilidad, estamos dispuestos a participar de la inversión para el desarrollo de estos proyectos”, dijo Jorge Barata a IDL-Reporteros sobre el tema.

Precisamente, en su primer discurso ante el Congreso por 28 de julio, el presidente Ollanta Humala afirmó que su gobierno promoverá la construcción de hidroeléctricas con participación de Electroperú. Es un hecho que Odebrecht entrará a esos concursos y ahora habrá que ver, mientras se sigue investigando lo anterior, si la cosa es con SNIP o con esa ‘característica de incertidumbre’ que no necesita clarividentes para saber en qué terminará.

El socio con suerte

Cuando IDL-Reporteros buscó a Jorge Barata para tener detalles de las operaciones de Odebrecht, el funcionario dejó en claro que en el Perú no operan solos sino que han buscado “alianzas estratégicas” con otras empresas para poder dividir los riesgos. “Es imprescindible destacar que en casi todas las obras que menciona en su pregunta no se trata sólo de nuestra empresa, sino más bien de un grupo de empresas, que en el caso de la Interoceánica Sur Tramo 2 y 3 está conformado por Odebrecht y las empresas peruanas Graña y Montero, JJC e ICCGSA. En relación a la IIRSA Norte el grupo está formado por Odebrecht y Graña y Montero, y, hasta mediados de 2008, la brasileña Andrade Gutierrez era parte; y, como todos saben, el Consorcio Tren Eléctrico es conformado por Odebrecht y Graña y Montero”, dijo.

Con la declaración de Barata, queda claro que su principal socio en el Perú es la constructora Graña y Montero (ver cuadro 2), empresa nacional que se ha favorecido con varios proyectos promovidos por el gobierno de Alan García. De hecho, GyM tiene presencia en el tramo 1 de la Interoceánica, obra que se adjudicó al formar una sociedad con JJ Camet Contratistas Generales. Además, a inicios del 2009, fue una de las tres constructoras que firmaron contrato con el Ministerio de Educación para la remodelación de los centros educativos emblemáticos, un proyecto al que se destinó 250 millones de dólares, que fue impulsado por el propio García. También se adjudicó el proyecto para la construcción de 22 mil viviendas en el terreno del aeródromo de Collique, para ello formó un consorcio con la empresa chilena Besco.

El presidente del directorio de Graña y Montero es José Graña Miró Quesada, uno de los accionistas más importantes del grupo El Comercio, con 6.17% de las acciones (solo hay tres accionistas que tienen más de 5% accionario en el Grupo). A pesar de su vinculación propietaria con un grupo periodístico, Graña prefirió contestar a IDL-R a través de un manejador de imagen: Freddy Chirinos, director asociado de la consultora Chisac. Graña mandó decir que es accionista de El Comercio hace 43 años, pero que no tiene ingerencia en la línea editorial del diario. También dijo que El Comercio ha sido crítico de las obras que Graña realiza en sociedad con Odebrecht como el tramo 1 del Tren Eléctrico. IDL-R no ha encontrado un solo editorial que justifique dicha aseveración.

Las controversias regionales de Odebrecht

Odebrecht no solo tiene presencia en el Perú, sino en varios países de la región, en algunos de los cuales ha enfrentado serios cuestionamientos. En Venezuela, cuyo gobierno es el principal cliente de Odebrecht fuera de Brasil, la firma fue multada con 225 millones de bolívares en 2008 (unos 144 millones de dólares) por una supuesta omisión de ingresos en su declaración de impuestos. A esto se suman los cuestionamientos lanzados por la oposición a Hugo Chávez que critica los sobrecostos en las obras de la empresa.

En Panamá, grupos ambientalistas han criticado el poco tiempo que Odebrecht destinó a la elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de la autopista Panamá-Colón. Sus críticos calculaban que este análisis debía tomar tres meses, pero la firma lo hizo en 30 días.

Pero el escándalo más notorio de Odebrecht se dio en Ecuador. En 2008, el presidente Rafael Correa decidió expulsar a esta compañía de su país, luego de que se confirmaran severas fallas en las operaciones de la hidroeléctrica de San Francisco. La situación fue tan grave que el ejército ecuatoriano tomó control de la hidroeléctrica para “prevenir una crisis energética en el país y un estado de conmoción interna ante la posibilidad de apagones de luz generalizados en todo el territorio nacional”. La decisión del gobierno ecuatoriano provocó la protesta de la diplomacia brasileña y la intervención del presidente de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva. Odebrecht retornó a Ecuador en 2010, luego de un acuerdo con el Gobierno de ese país, en el que la constructora brasileña admitió responsabilidad y se comprometió a hacer todas las reparaciones en la hidroeléctica, pagar una compensación por la paralización y garantizar su operatividad.

La capacidad persuasiva de Lula volvió a ejercitarse en meses más recientes cuando, ya como expresidente, viajó a Venezuela para gestionar el pago de los adeudos de Chávez a Odebrecht, unos 800 millones de dólares. Lula tuvo éxito y Chávez tuvo que salir a declarar que la deuda con la constructora “estaba casi pagada”. Este resultado convierte ahora a Lula no solo en el político que dejó tras de sí una estela de casos de corrupción que hoy atormentan a su sucesora, sino también en uno de los principales lobistas del continente.