Edición 792Mario Bermúdez Vives
Las tarifas por los servicios de agua deberán enfrentar fuertes ajustes debido a las inversiones atrasadas, lo que obligará a replantear el modelo en esta materia. Óscar Núñez, presidente ejecutivo del Insituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), destacó que se carece de una política pública clara para priorizar el recurso hídrico y la forma de financiar las inversiones en infraestructura para los servicios de agua. Ante un atraso en las inversiones de acueductos y alcantarillados que superan los $2.200 millones en el país (solo en AyA son $1.460 millones), es inminente el cambio en las tarifas y financiamiento de servicios de agua. En la actualidad, un 9% de los usuarios de servicios de agua subsidia al restante 90%. Esto podría empezar a variar con el desarrollo de futuros proyectos. “Nos parece que lo lógico es que el costo de un proyecto debería trasladarse estrictamente a los usuarios de ese servicio. No veo por qué incluir a gente de Escazú en un proyecto que no los beneficiará”, comentó Núñez.
Ajuste mojado. Sin embargo, esto planteará el dilema de que las tarifas tendrían que subir en montos que superarían el 100% en diversas zonas, y particularmente más en los lugares con menores usuarios. Ante esto, Núñez aseguró que deberá plantearse si el Estado participa en el costo de algunos de estos proyectos. “En países desarrollados, el costo de estas inversiones se destina en un 70% al Estado y en un 30% a la tarifa. Pero requiere una definición de política pública”, dijo. Es un tema en el que todavía no hay una definición. El vicepresidente Luis Liberamann, coordinador del equipo económico, comentó que en esta materia están a la espera de las decisiones de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y el instituto de AyA. “Aresep es una entidad independiente. AyA presentó su propuesta de tarifa para proyectos nuevos, y la Aresep lo estudiará en reuniones con técnicos de las dos instituciones. Ellos son los encargados, los que propondrán el modelo”, afirmó Libermann. Por su parte, el regulador Dennis Meléndez aseguró que se realizaron conversaciones preliminares con AyA, que van a plantear una definición de la política de Estado en relación con el tema del agua, que va más allá de una propuesta metodológica. “Lo anterior no excluye que la metodología actual no vaya a ser revisada a fondo, pero esto deberá plantearse a partir de un plan de inversiones de largo plazo que presentará AyA, y de la política de Estado que se defina”, dijo. Sin embargo, Núñez considera que la definición de la política corresponde a la Aresep o al Gobierno, aunque los técnicos de AyA presentarán insumos.
Con ello, el primer paso de la reforma será definir quien debe llevar la voz cantante en el proceso. Pero ya las cartas principales están sobre la mesa.
Fisuras presionan
Se trata de una definición que no se puede postergar indefinidamente, pues según afirmó James Phililips, director de planificación de AyA, las inversiones en materia de agua no recibieron la misma prioridad que otros sectores como transporte, energía y telecomunicaciones. A ese rezago se sumó el lento avance de las tarifas. En términos reales, la tarifa fija de acueductos para el sector empresarial cayó un 17% del 2002 al 2009. Los ajustes de Aresep en el 2010 permitieron una recuperación, que aún no llega a los niveles del 2002. Sumadas las tarifas de acueductos y alcantarillados desde el 2004 (antes de ello no se tienen datos en el sitioweb de Aresep), la tarifa domiciliaria básica creció al 2010, en términos reales, un 4%, mientras la fija lo hizo un 19%. Menos fue el desempeño de la tarifa empresarial, que creció en ese periodo un 0,6% en la tarifa básica, y un 6% en la fija. Entretando, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en términos reales del 2004 al 2010 en más de un 30%. Esto explica la gran presa de proyectos. En el Banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Mideplan, AyA tiene 228 proyectos presentados; es la entidad con mayor cantidad de propuestas. Le sigue, lejos, el Consejo Nacional de Vialidad con 133 proyectos, el Instituto Costarricense de Electricidad con 86 y la Caja Costarricense de Seguro Social con 69. A todo esto se debe agregar la inquietud de sectores productivos. Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara de Agricultura, comentó que en su sector los pagos se relacionan mayoritariamente con el canon de aprovechamiento y no con las tarifas, pero destacó que consideran que se debe reivindicar el valor económico que tiene el agua y evitar la manera de que los subsidios trasladen la carga a otros. Sin embargo, Sáenz incluyó otro temor: que el modelo cambie con la reforma a la ley de aguas que tramita la Asamblea Legislativa. “Eso podría aumentar las zonas protegidas con cauces sobre zonas intermitentes. Se podría declarar a todo el país como zona protegida e imposibilitar la labor productiva”, expresó. A pesar de ello, el expediente del recurso hídrico está estancado. El diputado Ernesto Chavarría, secretario de la comisión de Ambiente, especificó que apenas se encuentra en subcomisión, a la espera de un acuerdo para incorporar un texto sustitutivo, una práctica que esta iniciativa ha tenido que repetir desde su primera versión, en el 2001. El otro gran usuario, el sector industrial, no pudo ser consultado. Los dirigentes de la cámara estaban en una encerrona.
Mantener la corriente. Con esta árida herencia a cuestas, Libermann aseguró que esta administración muestra un talante diferente. “En este Gobierno no se han relegado los proyectos para los servicios de agua. En esto de la tarifa, hay que ver cómo se maneja la viabilidad financiera y estudiar cómo se tratan los proyectos que benefician a una población muy específica. Hablaremos cuando Aresep y AyA tengan algo más definido”, aseguró. Por su parte, Meléndez destacó que se debe tomar en cuenta una visión más amplia. “La nueva metodología debería incorporar la rentabilidad de largo plazo necesaria para que el país pueda modernizar la infraestructura de agua y alcantarillado, y un sistema de tratamiento de aguas congruente con la política de protección del ambiente en que está inmerso el país”, dijo. Entretanto, de alguna manera ya “debe correr la corriente” de la reforma. Núñez aseguró que en 15 días presentarán el plan de inversiones a largo plazo. Será el primer paso, pero no basta. Mientras las autoridades debaten sobre quién debe marcar el caudal a seguir, el modelo luce cada vez más desbordado.
Modelo gotea
El modelo para calcular las tarifas por servicios de agua debe variar: Esquema actual: Aresep calcula los costos del servicio y un rédito para su expansión (costo promedio de financiamiento a medio y largo plazo, actualmente se estima en 4,68% para AyA). Delimitar el cobro: En lugar de distribuir los costos de todas las obras entre todos los usuarios, AyA propone analizar esquemas para cobrar a los beneficiarios de obras específicas. Evitaría subsidios entre usuarios, pero en algunos casos costo sería excesivo para usuarios. La política pública: AyA pide definir una política pública para determinar si el Estado debe subsidiar obras. En algunos países, el subsidio estatal es del 70%, mientras el 30% se carga a la tarifa. Debate: AyA espera que autoridades definan la política. Aresep espera que AyA proponga la política. Gobierno espera que Aresep y AyA definan la política. Fuente Consultas EF.
